La instalación de un radar sobre la Ruta Nacional 5, a la altura de la ciudad de Bragado, volvió a generar controversia luego de que la concejal local Marita Gelitti, del espacio Acción para el Desarrollo, presentara una denuncia ante el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires.

Según planteó la edil, el dispositivo ubicado frente al supermercado Maxiconsumo no contaría con la señalización obligatoria que indique claramente la presencia del control y las velocidades máximas exigidas por la normativa vigente, lo que —a su entender— lo convierte en una “trampa recaudatoria”.

Gelitti sostuvo que, en sentido ascendente, únicamente existe un cartel que indica una velocidad máxima de 100 km/h, pero no estarían colocadas las señales previas que adviertan la reducción a 80 km/h y posteriormente a 60 km/h, que sería la velocidad de operación efectiva del radar. De acuerdo con la información publicada en el sitio oficial del Ministerio, el equipo figura activo, operado por ENFORCER-179, y con un límite de 60 km/h.

“Es totalmente violatorio de las normas que funcione uno de los radares sin la debida señalización”, expresó la concejal, quien recordó que ya había intentado sin éxito derogar la Ordenanza 5355/21, mediante la cual se convalidó el convenio de seguridad vial entre la Municipalidad de Bragado y la Provincia en 2021.

Otro punto señalado en la denuncia es la aparente discrepancia sobre la empresa operadora del sistema. Mientras que el municipio mantiene un convenio con CECAITRA —entidad que ha estado bajo investigación judicial en distintas jurisdicciones—, en los registros oficiales del Ministerio figura la firma ENFORCER-179 como responsable del equipo.

Además, la edil cuestionó el impacto económico de las sanciones. Las multas están expresadas en Unidades Fijas, cuyo valor equivale al precio de un litro de nafta de mayor octanaje informado por el ACA de La Plata. Con valores actuales que rondan los $1.800 por unidad, las infracciones pueden alcanzar montos elevados, especialmente —según advirtió— cuando el conductor no habría contado con la señalización adecuada para anticipar la reducción de velocidad.

La presentación ante el Ministerio busca que se revise la legalidad del funcionamiento del radar y que, en caso de comprobarse irregularidades, se adopten las medidas correspondientes. Mientras tanto, el tema sigue generando debate en Bragado sobre los límites entre control vial y recaudación. (Bragado Informa)