Los cacerolazos contra las excarcelaciones expusieron un malestar que superaría el tema de los presos. El Gobierno busca cerrar ese capítulo. Crece la inquietud por la caída de la economía. Lo advierten también los gobernadores. Crisis y virus: angustias concurrentes

Un cacerolazo estridente y si se quiere una segunda protesta – de menor volumen- parecen haber reproducido un clásico del poder político: un espasmo, una reacción de apuro para aplacar la cuestión y si es posible, sacarla del temario público. Acaba de ocurrir con las excarcelaciones de presos en medio de la cuarentena. Alberto Fernández dio instrucciones para realizar obras para emergencia sanitaria en cárceles. Cristina Fernández de Kirchner hizo un único gesto. Fue un rato antes de ir a Olivos ayer para reunirse con el Presidente y lo limitó a los suyos, respaldando anuncios de Axel Kicillof junto a los ministros Sergio Berni y Julio Alak.

Hasta allí eso podría ser a la vez una pincelada fina de la interna. Pero en primer lugar resulta una expresión gruesa de la decisión de adjudicar todo lo ocurrido con las excarcelaciones a malas acciones de jueces y camaristas. Expone una salida de apuro, aunque seguramente la reacción oficialista haya sido alimentada por una lectura más amplia de la realidad. Es sabido que semejantes protestas, como el primer cacerolazo, pueden ser precipitadas por un elemento socialmente irritante –la cantidad y simultaneidad de prisiones domiciliarias sin reparo alguno- pero en general condensan otros humores, esta vez en tiempos de aislamiento.

Alguna encuesta sugería hace ya un mes una advertencia de fastidio colectivo y varios sondeos en las últimas semanas anotan caída de imagen gubernamental –aun en niveles altos- y crecimiento sostenido de la preocupación económica. Las encuestas generan reparos después de los desaciertos electorales. Con todo, hay datos que eran registrados por el sentido común, incluso no lejos de Olivos. Y que movilizan a los gobernadores, en tratativas casi a diario para aflojar las restricciones a la actividad social y económica en sus distritos.

Tal vez esa percepción precipitó el giro oficialista frente al tema de los presos y el coronavirus. Fue tan fuerte, y en algunos casos tan desmedido, que sacudió el ambiente judicial. Reabrió un frente siempre sensible y la respuesta tampoco resultó a la altura del punto en discusión: puso la carga en el poder Ejecutivo –nacional y de provincias- y eludió responsabilidades, en espejo con el despegue oficialista.

La presentación de Kicillof, ayer mismo, combinó un poco de todo ese juego. El gobernador anunció junto a sus ministros de Seguridad y de Justicia –Berni y Alak, los dos de línea directa con CFK- que destinará unos 800 millones de pesos a la creación de 1350 “nuevas plazas” en el sistema penitenciario provincial. Dijo sin muchas precisiones que eso ocurriría en los próximos meses. Eso, frente a una grave situación carcelaria, atribuida exclusivamente a la última de las gestiones anteriores, y con el agregado de críticas a la excarcelación de presos por delitos graves.

La exposición del gobernador bonaerense se anotó en la línea argumental de cero mirada autocrítica y con carga de responsabilidad exclusiva en jueces, camaristas y fiscales. Ya lo había expresado con algunos tuits, acompañando de hecho un largo mensaje presidencial por la misma vía que apuntó además a una campaña en contra del Gobierno. Lo novedoso, en todo caso, fue el anuncio a las apuradas de obras para atender el grave y crónico problema del sistema carcelario. El Presidente ya había dado una señal en el mismo sentido, anticipo del encargo al ministerio de Obras Públicas para la rápida construcción de centros para emergencia sanitaria en cárceles, sobre todo bonaerenses.

Esto último –el armado de centros sanitarios- más que los anuncios de ampliación de la capacidad de algunas cárceles –de mediano o largo plazo, en caso de concretarse- habla en la práctica de un punto desatendido de entrada. Está claro que por razones elementales de gestión y por un mínimo de consideración humanitaria debe ser atendido el grave riesgo de contagios en el ámbito penitenciario. Concentración de presos, cercanía y condiciones de prisión deterioradas: una peligrosa combinación para contagios rápidos y masivos.

Pero esa descripción dramática sólo había sido hecha para justificar y hasta alentar excarcelaciones, precipitadas además sin tomar en cuenta la gravedad de los delitos. En paralelo, casos como la decisión judicial que mandó a Amado Boudou a su casa o el planteo oficial a favor de Ricardo Jaime sólo podían provocar reacciones en cadena. La cuestionable decisión de algunos jueces y los reclamos múltiples generaron un cuadro en el que, por supuesto, no había imposición funcional desde el Ejecutivo, pero sí señales potentes, aumentadas además por internas en el oficialismo. Esta medida razonable y se verá si peligrosamente tardía –los centros de aislamiento sanitario en los penales- y las críticas a excarcelaciones inexplicables llegaron recién después en un discurso unificado.

Ese discurso más elaborado y compartido en el oficialismo expone sus propios “errores” previos. Pero a la vez, genera interrogantes mayores sobre el impacto de la protesta con cacerolas. ¿Sólo eso terminó de empujar este giro del Gobierno? ¿Y precipitó una reacción de la Corte provincial para frenar o limitar las excarcelaciones a granel? Ese mismo malestar habría empujado la dura respuesta de la Asociación de Magistrados, poniendo la responsabilidad en terreno del poder Ejecutivo.

Al menos como hipótesis, parece razonable suponer que el rechazo de amplias franjas sociales a las excarcelaciones fue alimentado y amplificado por el contexto más global de estos días. Es decir, una cuestión sensible genera reacciones colectivas en un ambiente cruzado por otras preocupaciones y angustias, empezando por el aislamiento y la economía.

Algo de todo esto, por supuesto, es advertido en Olivos y es registrado por los gobernadores. La respuesta parece ser cómo ir recuperando actividades en esta larga cuarentena. Eso expresan las conversaciones y medidas en estudio o ya decididas en algunos distritos para abrir con límites algunas ramas comerciales, reactivar obras públicas y algunas privadas, habilitar servicios, flexibilizar las restricciones para profesiones tradicionales. Eso es lo que conversan funcionarios y jefes provinciales, con un presupuesto implícito: cómo se distribuyen responsabilidades y riesgos cuando se marchitan beneficios iniciales. Telón de fondo para el anuncio presidencial del fin de semana próximo.

Ese panorama más amplio incluye el registro de cierta fatiga creciente por la duración de la cuarentena. Y por la profunda caída de la economía y sus efectos directos en buena parte de la sociedad. Temor por el virus y necesidad de respuesta sanitaria eran señales prácticamente excluyentes a fines de marzo. Hoy, casi en el mismo renglón aparece el deterioro económico. No compiten, son angustias concurrentes.