La dueña de una láctea bloqueada abrió un interrogante sobre el futuro de su pyme y calificó de “grave” un fallo judicial que le dio la razón a operarios removidos en medio de un conflicto el año pasado

En el tono de la voz, Alejandra Bada Vázquez refleja parte del enojo por la última resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo, que ratificó la medida cautelar a favor de los empleados de la pyme Lácteos Vidal donde la obligan a reincorporar a 29 empleados despedidos. La empresaria abrió un interrogante sobre el futuro de la fábrica que fundaron sus padres en los años 70, por lo que considera que esto se trata de un “avasallamiento a la propiedad privada”.

Hace más de siete meses que delegados de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) decidieron bloquear la entrada y mantuvieron imposibilitado el ingreso del personal de la fábrica que genera empleos para 46 personas de la zona. Moctezuma tiene 471 habitantes y está en el partido bonaerense de Carlos Casares. Esta semana, la empresaria recibió un revés judicial tras varios meses de trabajo parcial -operaban al 40% de la capacidad de la fábrica-, por la huelga que iniciaron empleados que reclamaban una recategorización.

“Estaba recuperando la leche, tomando gente nueva, ya teníamos la cantidad de personal que teníamos antes; estábamos levantando la moral y esto te saca todas las ganas”, relata la empresaria, que se aferra a seguir por los jóvenes a los que les dio empleo tras el conflicto. Desde entonces, han recibido reiteradamente inspecciones del Ministerio de Trabajo, a raíz de denuncias del sindicato.

La semana pasada se enteraron de que el fiscal archivó la causa y ahora la Cámara de Apelaciones sacó una resolución que la obliga a reincorporarlos. “Cuando yo recibí esa cautelar ya los había despedido porque hacía dos meses que estábamos sin trabajar y no podíamos seguir así. Los muchachos que sí siguieron trabajando dijeron que no iban a soportar que vuelvan, por cómo los seguían hostigando y nosotros tuvimos que llegar a esa decisión”, indicó. Tras lo sucedido, dijo, ya habían perdido toda la confianza con los trabajadores, porque “estaban bloqueando y haciendo sabotaje dentro de la empresa”.

“No se respeta la libertad de trabajo, y no me respetan a mí la libertad de decisión. No puedo tomar libertades sobre qué decisiones puedo tomar en mi empresa, por eso es tan grave el fallo. Me están bloqueando la libertad de ejercer la administración de mi fábrica. La Justicia me impide la libertad de acción dentro de mi propiedad y de esta manera violan mi libertad de decisión sobre qué hacer en ella. Me están cuestionando una decisión tomada con anterioridad a una medida que yo no sabía que iba a pasar. Eso es muy grave, porque era una decisión que necesitaba tomar para hacer los quesos y no fundirme y tomé una decisión. Después recibo una medida de que no debía haber tomado una decisión que ya había tomado. ¡Es una locura!”, se descargó.

Para la empresaria, la Justicia tiene que cuidar a las empresas y pidió que se respete la propiedad privada. “Si no hay empresas no hay empleos. Tanto los trabajadores como las empresas tienen derechos y obligaciones. Uno de ellos es tomar decisiones, no podemos estar esperando que pase algo y que me impida a mí actuar”, detalló.

La empresaria coincidió con Juan Beluardo, uno de los abogados que la patrocina, en que hay un tinte político en este caso, por cómo se fueron hilando los hechos. Ambos indicaron que no se llamó a los empleados afectados de la fábrica a declarar y tampoco se investigó adecuadamente la situación. Beluardo mencionó que la cámara dejó firme lo que había dicho el juez, José Ignacio Ramonet, quien en octubre pasado había desestimado momentáneamente la imposición de astreintes solicitada por la parte actora, hasta tanto se contaran con mayores elementos de prueba para resolver la cuestión.

“Esto lo vamos a apelar, no queda firme. En base a qué sale ahí vamos a apelar en la Cámara y con base a eso vamos a ir a la Corte. Esto es un antecedente laboral, cualquier empresa que quiera hacer cambios laborales, suspender o asignar otras tareas, injurias de otros empleados, a partir de esto van a tener una protección abundante. ¡Esto es un disparate!”, calificó el abogado.

El letrado y la empresaria aseguran que el fiscal Fabio Arcomano archivó las causas penales. “No es casual que las causas penales hayan sido archivadas. Él no puede archivar una causa cuando los testimonios cuentan cómo los amenazaron”, sostuvo. Ahora, mencionó, les queda esperar a que se resuelva la otra demanda y que se haga la revisión del archivo que hizo Arcomano en la fiscalía general de Trenque Lauquen. “La discusión de fondo va a ser si fue huelga o bloqueo. Esto es muy simple, hay pasos a seguir [para hacer una huelga]. No podés decidir a cualquier hora hacer una huelga, porque necesitas la adhesión de los empleados, hacer una asamblea. Los dueños de la empresa tienen que dejar la tutela laboral, por una cuestión de paz social tienen que comunicarlo a la empresa y luego al Ministerio de Trabajo”, puntualizó Beluardo.

Por otra parte, la pyme que exporta mozzarella a Europa, leche en polvo a Bolivia y suero a China y Corea del Sur y que habían sido interrumpidos por la falta de personal consiguió recuperar algunos de forma parcial, pero hubo otros que perdieron por esta situación: “A los mercados si no les cumplís no te vuelven a pedir. Pero la Justicia mira para otro lado y no defiende los derechos de los que queremos trabajar y dar trabajo”, dijo la empresaria.

En ese sentido, Bada Vázquez agregó que van aseguir por la gente que decidió continuar en la empresa. “A la gente que despedimos no la vamos a reincorporar. Le dimos nuestra palabra fieles, a los que entraron de prepo a trabajar, venciendo el miedo, las amenazas y discusiones. A nosotros nos bloquearon y el bloqueo es un secuestro de la empresa y el rescate es ceder ante la extorsión en la que te piden cualquier cosa. Nosotros no le debíamos sueldos a nadie ni cargas sociales ni categorías a nadie. El Ministerio de Trabajo había dicho que estaba bien, nos embistieron de sorpresa, sin hacer una asamblea y el consentimiento del personal”, narró.

“El país necesita que la Justicia esté del lado del que quiere trabajar, porque Argentina necesita trabajar. Una empresa que cierre son menos productos en las góndolas y eso es más inflación y menos oportunidades de trabajo. La gente que nos bloqueó y amenazó a los compañeros, antes de reincorporarlos cerrarían la fábrica. Acá no hay vuelta atrás. Mi familia y yo somos gente de trabajo y con dignidad. En todo caso me voy del país, pero esa gente no entra más a la fábrica”, resumió la empresaria. (Belkis Martínez para La Nación)