El Senador Provincial expresó su posición en torno a la aprobación en el Congreso Nacional de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.

“En primer lugar, la aprobación de una ley votada por legisladores elegidos por la sociedad siempre va a ser respetada por los que valoramos la democracia. Y eso es así más allá de que, como en este caso, no compartamos su contenido ni el horizonte que propone”, expresó Torchio.

Por otra parte, mostró su preocupación por “el contexto en el que se dio la ley: la descalificación del presidente hacia los legisladores, la represión que alcanzó hasta a los diputados opositores, los acuerdos poco claros que se dieron y hasta, si querés, la misma paridad de votos. Son situaciones que nos dicen que esta ley no tiene el consenso de una buena parte de la sociedad y eso es algo que el Ejecutivo nacional no tiene que dejar de ver. Ahora resta saber si la presidencia, como aseguró, aceptará las modificaciones surgidas del trabajo parlamentario o insistirá con su proyecto original cuando la ley vuelva a la Cámara de Diputados”, analizó.

Asimismo, el legislador de Unión por la Patria manifestó: “Si bien es cierto que los presidentes necesitan herramientas legales para gobernar, también es cierto que esta ley, y mucho más la original enviada, más que una ley es una reforma legislativa completa… y aquí aparece algo importante; con la definición electoral, se definen los roles y los mandatos políticos que uno debe respetar; la gente elige oficialistas y opositores. Y no está bueno para la democracia que esas funciones se confundan ni se dejen de lado. Los que somos opositores debemos honrar ese mandato. Sobre todo, frente a proyectos de cambios tan profundos, y según nuestra mirada, tan negativos para las mayorías”.

Y agregó: “La sociedad argentina está demandando un cambio, eso es indiscutible. Pero tenemos el derecho a discutir los contenidos de ese cambio. Nunca en la vida hay un único camino. Por ejemplo, todos recordamos lo mala que fue la privatización de ferrocarriles en los años 90 con la consecuencia de cierre de ramales y estaciones: La Ley Bases permite, nuevamente, la privatización ferroviaria. Si a eso le sumamos la paralización casi total de las obras de infraestructura viales ¿cuál va a ser el futuro inmediato del sistema de transporte tan vital para el trabajo y la producción? Esas situaciones me parecen muy preocupantes”.

Desde la mirada de Torchio, otro punto vital de la ley tiene que ver con las inversiones extranjeras. Al respecto, el ex intendente de Carlos Casares opinó: “podemos coincidir en la necesidad de la participación de capitales extranjeros para desarrollar sectores para los que no contamos con el volumen de recursos suficientes. También valoramos la asociación público-privada como posibilidad de desarrollo, pero una cosa es asociación y otra muy distinta son los niveles escandalosos de concesiones que el RIGI propone para las grandes empresas. La seguridad jurídica y el clima de negocios, no pueden estar basados en acuerdos que no se dan en ninguna parte del mundo, salvo en economías de enclave de África, que no son un espejo donde la sociedad argentina deba mirarse”.

Por otra parte, el legislador bonaerense insistió en que “el camino parlamentario de la ley no está cerrado. Ahora vuelve a la Cámara de Diputados y allí el Ejecutivo debe elegir si insiste en votar su proyecto original, muchísimo más agresivo y regresivo, o si acepta los cambios propuestos en el Senado. Será una muestra del tono que piensa darle a otro de los temas problemáticos (y que rechazamos) que la Ley le habilita al Presidente: las facultades extraordinarias: ¿ustedes le darían la llave de su casa a un piromaniaco? Porque algo similar es darle facultades extraordinarias a alguien que declara públicamente su intención de destruir el mismo Estado que la sociedad, por mandato democrático y constitucional le dio la responsabilidad de administrar y cuidar”. 

Por último Torchio remató: “la Ley Bases implica un cambio, pero en una dirección equivocada. Humildemente creo que no va a mejorar ni resolver los problemas que preocupan a los argentinos, sino todo lo contrario. De allí nuestro rechazo a la misma”.