Los distritos enfrentan una estructura de financiamiento que baja desde provincia más rígida, con un peso creciente de fondos afectados a usos específicos, y menor margen de decisión sobre su aplicación.

Según un informe elaborado por la consultora PPA en base a datos del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, las transferencias del gobierno bonaerense hacia los municipios alcanzaron en septiembre de 2025 los $403.142 millones, lo que representa una variación interanual del 40,4% respecto del mismo mes de 2024. Sin embargo, al considerar la inflación del período (31,8%), el crecimiento real se reduce a solo 6,57%, lo que revela una desaceleración del flujo de fondos hacia los distritos.

En el acumulado de los nueve primeros meses del año, los municipios bonaerenses recibieron $3,34 billones, de los cuales el 77,5% correspondió a coparticipación bruta, el 9,9% al Fondo de Financiamiento Educativo, y el 4,4% al Fondo de Fortalecimiento de Recursos Municipales.

No obstante, el informe de PPA advierte que, en términos reales, las transferencias totales cayeron 0,5% durante 2025, tras la baja del 5,4% registrada en 2024. Es decir, los municipios reciben menos recursos con mayor grado de afectación específica, lo que limita la autonomía financiera local.

“Los distritos cuentan con menos recursos en términos reales y, además, enfrentan una estructura de financiamiento más rígida, con un peso creciente de fondos condicionados a usos específicos”, señala el estudio.

El Fondo de Financiamiento Educativo fue uno de los pocos rubros con crecimiento real (+55%), aunque está sujeto a destino: los municipios del Conurbano deben destinar al menos el 50% a infraestructura escolar, y los del interior un mínimo del 40%, según la normativa provincial vigente.

Impacto en la Cuarta Sección Electoral

El análisis municipal muestra que 21 distritos bonaerenses sufrieron caídas reales superiores al 4%, varios de ellos pertenecientes a la Cuarta Sección Electoral, como Florentino Ameghino (-6,4%), Leandro N. Alem (-6,1%) y Carlos Tejedor (-6,3%).

Estos datos confirman una tendencia de deterioro del financiamiento real hacia los municipios del interior productivo, que deben afrontar gastos crecientes en infraestructura rural y asistencia social con recursos de libre disponibilidad cada vez más limitados.