En resumidas cuentas es un proyecto que apunta a las flatulencias y eructos vacunos, algo natural. Aunque con ese criterio en breve se viene un proyecto similar para los seres humanos, ya que en sus deposiciones también los emiten. Mejor no dar ideas. Cabe resaltar que esta legisladora responde a Juan Grabois, el gran agricultor que pretendía sembrar y que creciera el perejil a la sombra de los eucaliptus.

La diputada provincial de Unión por la Patria, Lucía Klug, presentó un proyecto de ley que promete encender la disputa entre el oficialismo ambientalista y uno de los sectores económicos más influyentes de la Provincia: la ganadería. La propuesta crea la Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA), un tributo que apunta directamente a que los establecimientos ganaderos paguen por la contaminación que generan.

El proyecto, que ya circula entre despachos legislativos y asociaciones rurales, plantea sin rodeos que la actividad ganadera debe hacerse cargo de su impacto climático bajo el principio de “Responsabilidad Extendida del Productor”. Para Klug, llegó la hora de terminar con lo que en su entorno describen como “la impunidad ambiental histórica del sector”.

Un golpe directo al corazón del modelo productivo tradicional

La TAMBA se calculará en función de los kilogramos de dióxido de carbono equivalente (co2e) emitidos por cada establecimiento. Cuanto más metano produzca un campo, mayor será el costo a pagar. El oficialismo bonaerense defiende esta lógica como condición indispensable para “ordenar un modelo productivo atrasado”, mientras que referentes del sector rural ya hablan de “persecución fiscal encubierta”.

Lejos de suavizar la propuesta, el proyecto endurece la responsabilidad: las empresas tendrán apenas 120 días desde la reglamentación para presentar un plan de gestión de emisiones, avalado por un profesional matriculado. El que no cumpla, paga; el que mienta, paga más. Las sanciones podrían llegar al 100% del valor anual de la TAMBA.

Un fondo que mueve la disputa: quién paga la transición climática

La iniciativa crea el Fondo Fiduciario para la Mitigación del Metano (FoFIMM), que será financiado principalmente con lo que aporte la ganadería. El dinero se destinará a políticas de gestión de residuos sólidos urbanos y reducción de metano, un área históricamente desfinanciada.

Desde el entorno de Klug aseguran que el sector rural “ha externalizado sus costos ambientales durante décadas” y que ahora deberá contribuir a la transición climática. Del otro lado, voces ganaderas sostienen que el Estado busca “hacer caja con el campo” y que la medida pone en riesgo la competitividad.

Más control estatal y menos margen para la informalidad

El Ministerio de Ambiente será el encargado de controlar el cumplimiento, fiscalizar la información productiva, imponer multas y elaborar un registro público de emisiones. La creación de una herramienta digital abierta permitirá ver qué establecimientos contaminan más y cuánto aportan.

En la oposición, algunos ya anticipan resistencia y advierten que la iniciativa podría “criminalizar” a productores en un contexto económico difícil. El oficialismo, en cambio, sostiene que la informalidad ambiental del sector es una deuda histórica y que la provincia no puede seguir “subsidiando la contaminación”.

Un proyecto que polariza y expone una tensión de fondo

La presentación de la TAMBA pone sobre la mesa una discusión que el país ha postergado: ¿deben los grandes sectores productivos pagar por su impacto climático? Para Klug, la respuesta es sí y ahora.

El proyecto ya desató movimientos en las entidades rurales, que preparan pronunciamientos y presiones legislativas. En el oficialismo esperan una disputa dura, pero consideran que el debate es inevitable: “O cambiamos el modelo productivo o lo paga la sociedad con menos ambiente, menos salud y menos futuro”, afirman.

Lo que está claro es que la discusión recién empieza y promete convertirse en uno de los debates más calientes del año en la Legislatura bonaerense.