El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), entidad que representa a 63 cámaras y 36 cadenas de valor —responsables del 58% de las exportaciones del país—, ha presentado a los Jefes de Bloque del Senado de la Nación una propuesta formal de modificación al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) incluido en el Proyecto de Ley de Modernización Laboral.

El objetivo de esta iniciativa es corregir exclusiones que afectan a un grupo sustancial de empresas agropecuarias y agroindustriales, permitiendo que el régimen sea verdaderamente federal y promotor del empleo y la inversión.

Ampliación del alcance para el sector agroindustrial

Desde el CAA se advierte que, bajo la redacción actual, un gran porcentaje de las inversiones agroindustriales de economías regionales quedarían excluidas de los beneficios. Entre los sectores afectados se encuentran:

• Bodegas y plantas de procesamiento de alimentos y bebidas.
• Plantas de tratamiento y acondicionamiento de semillas, frutas y legumbres.
• Molinos y fábricas de molienda de girasol.
• Industria de maquinaria agrícola.

Actualmente, el RIGI ya excluye las inversiones agroindustriales, dejando fuera del marco legal al 18% del PBI y al 65% de las inversiones productivas anuales. Al limitar el RIMI exclusivamente a PYMEs, se repite este escenario de desprotección para la inversión mediana.

Propuestas de modificación técnica

La propuesta del Consejo se centra en la modificación de los artículos 175 y 177 del proyecto:

• Inclusión de todo tipo de empresas: Se propone eliminar las restricciones que limitan el beneficio solo a Micro, Pequeñas o Medianas empresas (Tramo 2), permitiendo que cualquier empresa agropecuaria pueda aplicar si realiza inversiones productivas significativas.
• Nueva categoría de inversión: Se sugiere incorporar un inciso para “el resto de las empresas” no categorizadas como PYMEs, estableciendo un monto de inversión mínima de 30 millones de dólares (USD 30.000.000) para acceder a los beneficios del régimen.

Consenso y visión federal

El CAA destaca que estos cambios ya contaban con el consenso del Poder Ejecutivo y fueron incluidos previamente en proyectos legislativos del año 2024. La entidad solicita avanzar con sesiones informativas junto a cámaras empresariales de diversas provincias para asegurar una ley que impulse efectivamente la producción y exportación nacional