La Autoridad del Agua aplicó multas equivalentes a más de 96 mil litros de gasoil y ordenó la restitución del terreno afectado.

El Directorio de la Autoridad del Agua resolvió sancionar a la firma LA TACURA S.A., con domicilio en 9 de Julio, por la ejecución de una obra hidráulica no autorizada en el partido de Carlos Casares.

Según se informó, la intervención consistió en la construcción de una canalización de aproximadamente 2.900 metros de longitud, con unos 3 metros de profundidad y ancho, realizada sin los permisos correspondientes en un predio identificado catastralmente en la Circunscripción IX.

Obra sin autorización

Desde el organismo provincial se determinó que la obra fue ejecutada de manera clandestina, lo que constituye una infracción a la normativa vigente en materia hídrica. En ese marco, se dispuso declarar formalmente la ilegalidad de la canalización.

Además, se advirtió que este tipo de intervenciones puede generar alteraciones en el escurrimiento natural del agua, con impacto potencial en campos linderos y en el equilibrio ambiental de la zona.

Multas y obligaciones

Como consecuencia de la infracción, la empresa deberá afrontar multas equivalentes a un total de 96.000 litros de gasoil grado 3, calculadas según el valor promedio fijado por la Secretaría de Energía de la Nación, conforme a la legislación vigente.

El esquema sancionatorio incluye distintas penalidades, entre ellas una multa inicial y otra adicional sujeta al cumplimiento de las medidas correctivas dispuestas por la autoridad.

Asimismo, se estableció un plazo de diez días para el pago de las sanciones económicas, bajo apercibimiento de ejecución por vía de apremio en caso de incumplimiento.

Entre las medidas más relevantes, la Autoridad del Agua ordenó a la firma avanzar con la restitución del terreno a su estado natural o anterior, en un plazo de 30 días desde la notificación.

La empresa deberá informar de manera fehaciente el avance y finalización de los trabajos, que estarán orientados a mitigar el impacto generado por la obra no autorizada.

Intervención y alcance regional

La resolución también contempla la intervención de distintos organismos provinciales y la notificación al municipio de Carlos Casares.

El hecho de que la empresa tenga domicilio en 9 de Julio y haya ejecutado la obra en otro distrito vuelve a poner en foco el carácter regional de los conflictos vinculados al manejo hídrico, donde intervenciones puntuales pueden generar consecuencias más amplias si no cuentan con la debida autorización y control estatal.

De esta manera, el caso refuerza la importancia de respetar la normativa vigente y los mecanismos de evaluación previa en obras que afectan el sistema hídrico, clave para la producción y el ambiente en la región. (Infonoroeste)