Desde chico me interesó seguir de cerca el funcionamiento de los tres poderes del Estado. Siempre me llamó la atención cómo la división e independencia de poderes, uno de los pilares fundamentales sobre los que se edificó nuestra República, buscaba garantizar el equilibrio institucional.

Con el tiempo entendí que, eso que en la teoría parece inalterable, en la práctica suele ser mucho más flexible, más negociable y bastante menos solemne. Esa distancia con la realidad es, quizás, una de las razones por las que hoy vale la pena mirar con más atención y detenimiento cómo funcionan nuestras instituciones.

La Argentina consiguió un enorme logro al consolidar la democracia hace más de cuatro décadas, un objetivo que durante buena parte del siglo XX parecía inalcanzable. Pero esa estabilidad, por sí sola, no alcanzó.

En 2026, buena parte de nuestras instituciones siguen funcionando con lógicas del siglo pasado, creadas por una sociedad que ya no existe.

En más de cuarenta años, la dirigencia política, empresarial y sindical no logró construir acuerdos mínimos que trasciendan gobiernos y permitan pensar un proyecto de Estado. Mientras tanto, buena parte de la ciudadanía dedica enormes esfuerzos a debatir ideologías y nombres propios, pero muy poco tiempo a comprender el funcionamiento de un sistema que dice defender sus derechos y garantías.

La estabilidad democrática no supo traducirse en instituciones más fuertes, modernas, y, sobre todo, independientes. Es por eso, que muchas veces el Estado corre desde atrás.

Uno de los ejemplos más visibles de deterioro institucional puede observarse en la relación entre la política y la Justicia. Desde hace tiempo, gran parte de las disputas políticas se trasladaron a los tribunales y, al mismo tiempo, el Poder Judicial quedó cada vez más expuesto a la lógica de la confrontación política.

El caso de Cristina Fernández de Kirchner sirve como ejemplo para ilustrar este fenómeno. Más allá de la causa en sí, resulta llamativo que la respuesta -casi automática- de un importante sector del poder, hoy “perjudicado”, haya sido denunciar proscripción política.

Quienes durante años participaron de las decisiones más importantes del país, difícilmente puedan presentarse únicamente como víctimas de un sistema que contribuyeron a construir y alimentar.

En consecuencia, cuando las instituciones dejan de generar confianza, cada decisión termina siendo interpretada desde la lógica de la sospecha y no del derecho.

Esta crisis lleva décadas gestándose y atraviesa prácticamente a toda la dirigencia argentina.

La responsabilidad tampoco termina en quienes ya gobernaron. Quienes llegan prometiendo cambiarlo todo cargan con una obligación aún mayor. La sociedad observa con atención si realmente transforman las instituciones o si terminan reproduciendo los mismos privilegios, acuerdos y prácticas que antes denunciaban.

Cada nueva decepción política profundizara aún más la desconfianza en nuestras instituciones. Hace tiempo que la estabilidad democrática dejó de ser suficiente.

Francisco Peicoff. Pte. Juventud Radical Cuarta Sección Electoral.