En el marco del 34° Congreso de Aapresid realizado en Rosario, representantes de las entidades agropecuarias y la Asociación de Semilleros Argentinos expusieron sus miradas sobre la actualización de la Ley N° 20.247. La discusión giró en torno al reconocimiento de la propiedad intelectual, el alcance del uso propio, la protección a los pequeños productores y la necesidad de contar con un marco normativo adaptado a la realidad del país.

(Por Casares On Line) – El debate por la actualización de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas N° 20.247, sancionada en marzo de 1973, volvió a ocupar un lugar central en la agenda agroindustrial argentina durante el 34° Congreso de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), llevado a cabo en la ciudad de Rosario.

La normativa vigente, que en su momento nació para regular la producción, fiscalización y comercialización de semillas, así como para proteger los derechos de los desarrolladores a través del denominado “Derecho de Obtentor”, se encuentra desde hace años en el centro de intensas discusiones. Mientras las empresas biotecnológicas demandan esquemas más estrictos para el cobro de la genética incorporada, los productores insisten en mantener la figura del uso propio reservado y establecer límites claros que impidan abusos de posición dominante.

Durante el encuentro, representantes de la producción primaria y de las empresas de insumos fijaron sus posturas de cara a un eventual proyecto que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso de la Nación.

La postura del campo: resguardos al uso propio y adaptación a la realidad nacional

En representación de las entidades rurales, el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Pablo Ginestet, dejó en claro la posición del sector productivo frente a los intentos de reformar la legislación bajo parámetros internacionales rígidos como el estándar UPOV 91.

“Nosotros estamos de acuerdo en que hay que modificar la ley, obviamente, pero no en los términos que quiere la industria semillera. Proponemos un marco adecuado a lo que es la Argentina”, sostuvo Ginestet.

El dirigente explicó que existe un cambio cultural sustancial en el productor agropecuario, dispuesto a reconocer el pago de la tecnología, pero remarcó que las comparaciones con otros países competidores resultan erróneas si no se evalúa la estructura de costos local.

• El marco UPOV 78: Desde CARBAP y la Mesa de Enlace (junto a CREA y Aapresid) proponen mantener el convenio UPOV 78 con adecuaciones específicas para el país, rechazando la adopción de UPOV 91, al considerar que este último fue concebido para naciones importadoras de alimentos o con fuertes esquemas de subsidios agrícolas como Estados Unidos o miembros de la Unión Europea.
• Protección a pequeños productores: La propuesta gremial establece exenciones explícitas en el pago de cánones para productores de menor escala (por ejemplo, explotaciones de entre 50 y 200 hectáreas, según el cultivo), garantizando que no queden marginados del sistema productivo.
• Alcance del Derecho de Obtentor: Una de las principales advertencias del sector primario radica en evitar que las empresas puedan extender sus derechos de propiedad intelectual sobre el producto cosechado o sus derivados industriales (harinas, aceites o subproductos).
• Seguridad jurídica a campo: Ginestet enfatizó la necesidad de evitar la arbitrariedad en los controles de acopio y puertos, advirtiendo que normativas demasiado rígidas o sanciones de decomiso podrían generar trabas comerciales complejas en detrimento de los remitentes.

“A diferencia de cultivos como la horticultura, donde el gasto genético representa un porcentaje menor sobre inversiones intensivas, en la agricultura pampeana un costo adicional de 15 a 20 dólares por hectárea impacta directamente en un 15% del margen bruto. Por eso los números pesan de otra manera”, argumentó el titular de CARBAP.

La visión de las semilleras: previsibilidad, desarrollo técnico y un enfoque federal

Por parte de la provisión de insumos, el director ejecutivo de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), Alfredo Paseyro, remarcó la importancia de dejar atrás la polarización de años anteriores y construir un consenso legislativo que brinde previsibilidad a largo plazo.

“Queremos construir un proyecto de ley superador donde nadie lo pueda descalificar. Se trata de una construcción colectiva de un bien común para que signifique mejor tecnología para el productor, mejores condiciones para los que invertimos y oportunidades de trabajo para el país”, expresó Paseyro.

El directivo abordó las dudas planteadas sobre la fiscalización en los eslabones finales de comercialización y buscó llevar tranquilidad al sector primario:

• Acuerdos transparentes: Paseyro descartó que las empresas busquen intervenir sobre producciones terminadas o subproductos. Explicó que el objetivo es alcanzar acuerdos previos donde el productor reconozca el valor agregado de la biotecnología antes de la siembra, eliminando la necesidad de controles persecutorios.
• Visión federal y economías regionales: Desde ASA subrayaron que el debate legislativo debe superar la histórica discusión centrada en la zona núcleo pampeana (soja, trigo y maíz) para abarcar las 36 cadenas productivas del país, incluyendo algodón, maní, arroz, garbanzo, cadenas frutales, forestales y horticultura.
• Plazos de investigación y desarrollo: El representante de la industria recordó que obtener un nuevo evento genético o variedad comercial requiere entre 6 y 10 años de investigación, por lo que resulta indispensable contar con un marco legal previsible que garantice la recuperación de la inversión.
• Convergencia con los derechos de exportación: De cara al escenario económico nacional, Paseyro sostuvo que la actualización legal debe confluir con la prometida eliminación paulatina de las retenciones a las exportaciones, permitiendo que el productor disponga del capital necesario para incorporar genética de nivel internacional.

El escenario político en el Congreso

Con los argumentos expuestos en la cumbre de Rosario, la discusión se trasladará en los próximos meses a las comisiones de Agricultura de la Cámara de Diputados y del Senado de la Nación.

Mientras las entidades rurales avanzan en rondas de contactos con legisladores provinciales para afinar el articulado referido a las exenciones de escala y la vigencia del uso propio, la industria proveedora de insumos continuará buscando acuerdos de consenso para lograr la sanción de un texto definitivo que impulse la competitividad del agro argentino.