Desde el Centro Integral de Desarrollo Humano, el Dr. Raúl Zapata y la Lic. Natalia García dialogaron con Casares On Line y expusieron las dificultades que atraviesan pacientes para acceder a prestaciones como fonoaudiología, terapia ocupacional, psicopedagogía y estimulación temprana. Demoras administrativas, falta de autorizaciones y derivaciones a otras ciudades terminan complicando la continuidad de los tratamientos.

La cobertura de los tratamientos vinculados al desarrollo y la atención de niños, adultos y adultos mayores se convirtió en una preocupación para numerosas familias de Carlos Casares. Las dificultades no pasan solamente por conseguir una prestación, sino también por lograr que las obras sociales y prepagas autoricen y sostengan los tratamientos en el tiempo.

Sobre esta problemática, Casares On Line dialogó con el Dr. Raúl Zapata (M.P. 92636) y la Lic. Natalia García (M.P. 294569), integrantes del Centro Integral de Desarrollo Humano, quienes describieron desde su experiencia cotidiana las trabas que encuentran al momento de gestionar las coberturas para sus pacientes.

Según explicaron, muchas veces el problema aparece en un circuito administrativo que exige documentación, autorizaciones y diferentes trámites, mientras que del otro lado hay pacientes que necesitan comenzar o continuar una terapia y no pueden esperar.

Prestaciones que van más allá de una consulta médica

El Dr. Zapata explicó que cuando se habla de cobertura de salud suele pensarse en una consulta médica, un análisis, un estudio o una internación, pero que existe un amplio conjunto de prestaciones vinculadas al desarrollo que también forman parte de las necesidades de los pacientes.

Entre ellas mencionó la estimulación temprana, fonoaudiología, terapia ocupacional y psicopedagogía, entre otras especialidades.

El profesional sostuvo que estas prestaciones forman parte del conjunto de servicios que las obras sociales deben contemplar y cuestionó las dificultades que se presentan a la hora de acceder a ellas.

Uno de los principales obstáculos, según describieron, es la falta de un espacio físico donde las familias puedan realizar las gestiones personalmente. Muchos trámites se canalizan actualmente mediante plataformas digitales, lo que agrega dificultades a un proceso que ya resulta complejo.

“Todo el proceso pareciera a veces hasta diseñado para que no sucediera nunca la autorización de esa práctica”, plantearon durante la entrevista.

El paciente no puede esperar

Uno de los puntos que más preocupa a los profesionales es el tiempo que demanda conseguir una autorización.

Desde el Centro Integral de Desarrollo Humano señalaron que en numerosas oportunidades reciben respuestas vinculadas a la falta de documentación o a algún requisito administrativo pendiente.

“Estamos esperando”, “falta tal dato” o “hay que completar determinada documentación” son algunas de las situaciones que, según relataron, se repiten durante el proceso.

El problema es que mientras el trámite continúa, el paciente necesita la atención.

“Uno lo que observa es que por ahí la misma obra social, ya sea privada o lo que fuere, en algunos lugares te dicen no, esas prácticas no se pueden hacer y hacés 50, 80, 100 kilómetros y la prestación es normal”, explicó Zapata.

Para los profesionales, esta situación genera una contradicción difícil de comprender: una determinada cobertura puede no autorizar una prestación en Carlos Casares, pero sí ofrecerla en Pehuajó, Nueve de Julio u otra ciudad.

“Los profesionales están en Casares”

Natalia García puso el foco precisamente en las situaciones concretas que atraviesan las familias.

Contó que, en determinadas ocasiones, al presentar la documentación correspondiente, aparecen nuevos requerimientos administrativos, como documentación vinculada a los profesionales o al propio centro.

Uno de los casos mencionados fue el de un paciente que necesitaba atención de fonoaudiología. La respuesta recibida fue que la obra social no contaba con una prestadora en Carlos Casares, pero sí en Pehuajó.

La alternativa planteada fue trasladar al paciente hasta esa ciudad.

“Yo digo, qué complejo irse hasta Pehuajó. ¿No pudiéramos hacer un convenio?”, planteó García.

La situación se vuelve todavía más difícil cuando se trata de niños que deben concurrir una o dos veces por semana durante varios meses.

Viajar para recibir una prestación que existe en la ciudad

Para una familia, trasladarse periódicamente a otra ciudad no implica solamente organizar un viaje.

Hay que disponer de tiempo, dinero y, en algunos casos, contratar un remis. A eso se suma el riesgo que implica circular por las rutas y el desgaste que supone para un niño sostener durante meses una rutina de viajes.

“Todo el riesgo que ponemos en ruta. Uno como familia también, el estrés que te genera tener que viajar porque acá no te lo cubren”, señalaron durante la entrevista.

Los profesionales consideran que, si existen especialistas en Carlos Casares capaces de brindar las prestaciones requeridas, debería buscarse la manera de que los pacientes puedan atenderse en su propia ciudad.

Tratamientos que se interrumpen por falta de cobertura

Otro de los aspectos señalados durante la entrevista es que los tratamientos no suelen resolverse en una sola consulta.

En muchos casos se trata de planes de tratamiento que se extienden durante seis meses o un año, con evaluaciones periódicas y una determinada frecuencia semanal.

Para una familia resulta muy difícil afrontar de manera particular esos costos durante períodos prolongados.

“Vos decís a un papá, a un paciente o quien fuese: no puede asegurarse de tener todas las semanas ese dinero de una terapia”, explicaron.

Como consecuencia, aparecen situaciones en las que una familia debe elegir qué tratamiento puede sostener.

En la entrevista se mencionó el caso de pacientes que terminan alternando las prestaciones: una semana concurren a psicopedagogía y otra semana a otra terapia, simplemente porque económicamente no pueden afrontar ambas con la frecuencia necesaria.

La situación también alcanza a adultos y adultos mayores

Si bien buena parte de los ejemplos planteados estuvieron relacionados con niños, desde el Centro Integral de Desarrollo Humano aclararon que la problemática no se limita a esa población.

También existen adultos y adultos mayores que esperan autorizaciones para poder comenzar o continuar tratamientos.

En todos los casos, el factor económico termina teniendo un peso determinante.

Cuando la obra social demora en autorizar una prestación, la familia queda frente a dos alternativas: esperar o afrontar el costo de manera particular. Y no todos tienen esa posibilidad.

Una problemática que también se observa en otras ciudades

Durante la conversación, Natalia García señaló que situaciones similares se presentan en otros lugares, aunque consideró que en ciudades como Nueve de Julio algunos circuitos administrativos pueden encontrarse “un poco más aceitados”.

La profesional relató además su propia experiencia vinculada con prestaciones que fueron aprobadas pero cuyos pagos todavía no se concretaron.

El problema, explicó, termina repercutiendo directamente sobre los profesionales que brindan las terapias y que también deben afrontar sus propios costos.

Cuando los profesionales dejan de trabajar con obras sociales

El escenario también genera otra consecuencia: algunos profesionales terminan optando por no atender a través de determinadas obras sociales o prepagas.

El motivo está relacionado con los honorarios y, especialmente, con las demoras en los pagos.

Para las familias, esto genera una situación todavía más compleja: pagan mensualmente una cobertura de salud y, cuando necesitan una prestación específica, pueden encontrarse con que deben abonarla de manera particular.

“Es un panorama bastante difícil donde uno paga una obra social que en muchos casos no es barato, es onerosa, y tiene que, por el otro lado, ir a pagar una consulta”, señalaron.

La importancia de detectar antes y no esperar a un diagnóstico

Hacia el final de la entrevista apareció otro de los conceptos centrales planteados por los profesionales: la necesidad de intervenir tempranamente.

Desde el Centro Integral de Desarrollo Humano remarcaron que muchas veces se pretende esperar a que exista un diagnóstico o un certificado de discapacidad para comenzar a gestionar determinadas prestaciones.

Para los profesionales, ese enfoque puede resultar contraproducente.

“Vos me estás diciendo que el niño ya tiene que estar con un certificado de discapacidad para que vos le cubras la atención”, plantearon al describir una de las situaciones que enfrentaron.

La apuesta del centro, explicaron, está puesta justamente en trabajar antes de que determinadas dificultades se profundicen.

En ese sentido, relataron experiencias de niños en los que una orientación temprana a las familias y algunas sesiones permitieron observar avances.

“La importancia de anticipar y no llegar a un certificado. Empezar a trabajar antes”, resumieron.

“No estamos pidiendo ninguna subvención”

El Dr. Zapata fue contundente al explicar cuál es el reclamo que plantean desde la institución.

“Cazares no sabe la importancia y relevancia que puede llegar a tener esta institución con el correr del tiempo”, sostuvo, al destacar que el centro busca convertirse en un espacio de referencia para la atención de distintas problemáticas.

En ese marco, aclaró que el planteo no apunta a recibir una ayuda económica especial.

“No estamos pidiendo ninguna subvención, ninguna exención. Simplemente estamos pidiendo que los profesionales puedan trabajar en el marco lógico de una aplicación de un servicio médico y que pueda ser cubierto por las obras sociales”, afirmó.

El centro, inaugurado recientemente, atraviesa todavía una etapa de crecimiento y consolidación. Sus integrantes reconocen que parte de estas dificultades pueden estar relacionadas con un proceso administrativo que todavía se encuentra en desarrollo, pero consideran necesario avanzar en soluciones que permitan garantizar la continuidad de los tratamientos.

Una espera que tiene pacientes detrás

Más allá de los trámites, formularios y autorizaciones, detrás de cada expediente hay una persona que necesita atención.

Un niño que debe realizar una terapia. Una familia que organiza sus horarios para llevarlo. Un adulto que espera comenzar un tratamiento. Un adulto mayor que necesita una prestación. Un profesional que necesita cobrar por su trabajo.

Por eso, desde el Centro Integral de Desarrollo Humano plantearon la necesidad de que las distintas partes puedan encontrar mecanismos que hagan más sencillo el acceso a las prestaciones y permitan que los pacientes puedan atenderse en la ciudad cuando existen profesionales disponibles.

La expectativa de los integrantes de la institución es que, con perseverancia y gestión, parte de las dificultades actuales puedan comenzar a resolverse.

Mientras tanto, la preocupación permanece: cuando una autorización demora, el tiempo que transcurre no es solamente administrativo; para quien necesita una terapia, también es tiempo de tratamiento.