Presentaron un amparo contra el Ministerio de Infraestructura bonaerense, a cargo de Gabriel Katopodis, para exigir información sobre las obras previstas en la cuenca del río Salado, los fondos destinados a prevenir inundaciones y los trabajos realizados en el distrito. El pedido de informes fue presentado en julio y, ante la falta de respuesta, acudieron a la Justicia. Desde la cartera provincial aseguraron que contestarán a la brevedad.

Dos productores agropecuarios de Carlos Casares presentaron un amparo judicial contra el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, que conduce Gabriel Katopodis, para reclamar una respuesta oficial sobre las obras hidráulicas y los recursos destinados a prevenir inundaciones.

La presentación fue realizada el pasado 22 de octubre ante la Receptoría General de Expedientes de Trenque Lauquen, luego de que, según denunciaron, venciera el plazo legal para responder un pedido de acceso a la información pública sin que el organismo provincial entregara la documentación solicitada.

Los productores, que tienen campos en Carlos Casares y solicitaron mantener sus identidades en reserva, buscan conocer qué trabajos están previstos en la cuenca del río Salado, cuáles fueron ejecutados, cuánto dinero se destinó a cada intervención y qué obras continúan pendientes.

El reclamo adquiere especial relevancia en un contexto de preocupación por los excesos hídricos, los caminos rurales anegados y las dificultades que enfrentan numerosos productores para ingresar a sus establecimientos y desarrollar la actividad agropecuaria.

Un pedido de información que no tuvo respuesta

Según consta en la presentación judicial, la historia comenzó el 22 de julio, cuando los productores solicitaron formalmente al Ministerio información detallada sobre las obras hidráulicas previstas en la cuenca del río Salado, con particular atención en la subregión A3, una zona que presenta problemas vinculados con la acumulación de agua y las inundaciones.

De acuerdo con los argumentos expuestos en el amparo, el organismo provincial no respondió la solicitud, tampoco puso documentación a disposición de los interesados ni comunicó una prórroga del plazo administrativo.

Los productores sostuvieron, además, que el Ministerio no derivó formalmente el pedido a otra autoridad, no invocó una excepción legal para justificar la falta de información ni informó que los documentos solicitados no existieran.

El plazo de 30 días hábiles para contestar venció el 3 de septiembre. Ante la falta de novedades, decidieron recurrir a la Justicia para obtener una respuesta.

La presentación no apunta, según aclararon, a que los tribunales evalúen las decisiones técnicas del Gobierno provincial, sino a que se garantice el derecho de acceso a la información pública y se entregue la documentación requerida.

Qué quieren saber sobre el plan de Kicillof

Uno de los principales ejes del reclamo está relacionado con el Plan de Gestión del Riesgo Climático anunciado por el gobernador Axel Kicillof, que contempla inversiones para hacer frente a fenómenos meteorológicos extremos y reducir los riesgos asociados a las inundaciones.

En agosto, el mandatario bonaerense presentó un programa con una inversión anunciada superior a los $2,3 billones, destinado a obras hidráulicas, sistemas de monitoreo y control de lluvias y niveles de agua, además de medidas para atender eventuales emergencias.

Los productores pretenden conocer si el plan fue aprobado formalmente, qué organismos tienen a su cargo su ejecución y cuáles fueron los estudios técnicos utilizados para determinar las zonas prioritarias.

También solicitaron precisiones sobre el origen de los recursos: quieren saber si las partidas ya estaban contempladas en el presupuesto provincial de 2026 o si corresponden a nuevos fondos, créditos u otras fuentes de financiamiento, incluidos eventuales préstamos internacionales.

Otro punto central es el estado concreto de las inversiones. En ese sentido, pidieron información sobre el dinero asignado a cada obra, los montos efectivamente pagados, las empresas contratadas y el grado de avance de los trabajos.

La documentación requerida incluye contratos, comprobantes de pago, informes técnicos y otros antecedentes que permitan verificar tanto la ejecución física de las obras como el movimiento de los fondos públicos.

Las obras hidráulicas que están bajo la lupa

El pedido de información comprende distintas intervenciones previstas o ejecutadas en la cuenca del río Salado, una región estratégica para el escurrimiento de los excedentes hídricos en el centro y oeste bonaerense.

Entre los trabajos mencionados se encuentran los correspondientes al arroyo Saladillo y al canal troncal Mones Cazón, además de los canales Vinculación y del Este.

La solicitud también incluye las obras en la laguna Municipal de Bragado y en el canal República de Italia-Mercante-Jauretche.

A ese listado se suman el canal ubicado al sur de la ruta nacional 5, el sistema Bellocq-Cadret-La Sofía y la estación de bombeo del complejo lagunar Hinojo-Las Tunas.

Los productores también pidieron información sobre los controles que se realizan respecto de los canales construidos sin autorización, un tema que tiene incidencia directa en el manejo del agua y en el escurrimiento de los excedentes en zonas rurales.

El objetivo es determinar qué obras se encuentran en marcha, cuáles fueron concluidas y cuáles todavía no comenzaron, además de conocer los plazos previstos y los recursos comprometidos en cada caso.

El reclamo también alcanza a los caminos rurales de Carlos Casares

La presentación judicial no se limita a las grandes obras de la cuenca del Salado. También abarca las intervenciones realizadas desde enero de 2024 en el partido de Carlos Casares, especialmente aquellas vinculadas con la circulación del agua y el estado de la infraestructura rural.

En ese apartado, los productores solicitaron información sobre trabajos en caminos rurales afectados por inundaciones, alcantarillas, canales, puentes y otras intervenciones destinadas a facilitar el escurrimiento del agua de los campos.

Además, reclamaron conocer qué medidas adoptó el Ministerio durante 2025 y 2026 frente a los anegamientos, los problemas de transitabilidad y las dificultades que tuvieron algunos productores para llegar a sus establecimientos.

La información, explicaron, resulta necesaria para conocer qué acciones están previstas en las zonas donde desarrollan su actividad y qué medidas se implementaron para reducir el riesgo de nuevas inundaciones.

En un distrito como Carlos Casares, donde la producción agropecuaria tiene un peso fundamental en la economía local, el funcionamiento de los sistemas de drenaje y la posibilidad de transitar por los caminos rurales son factores determinantes para el movimiento de la producción, el ingreso de insumos y el acceso a los establecimientos.

“Cada día de demora” y el riesgo de llegar tarde

En los fundamentos del amparo, los productores advirtieron que la demora en la entrega de la información impide conocer con precisión qué obras alcanzan a la subregión A3 y a Carlos Casares, qué recursos fueron asignados y cuál es el avance físico y financiero de los proyectos.

También señalaron que la oportunidad en la que se recibe la información es un aspecto fundamental, especialmente cuando las medidas de prevención deben estar definidas antes de que se produzcan nuevos episodios de lluvias intensas.

En ese sentido, plantearon que conocer los detalles una vez ejecutados los presupuestos, formalizadas las contrataciones o atravesado el período de prevención puede reducir considerablemente la utilidad de esos datos para el control ciudadano y la toma de decisiones.

El reclamo apunta, por lo tanto, no solamente a obtener información sobre el destino de los fondos públicos, sino también a contar con elementos concretos para conocer qué medidas se están adoptando frente a los riesgos hídricos que afectan a la región.

La respuesta del Ministerio

Consultados sobre el planteo, desde el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense indicaron que van a “contestar el pedido de informes a la brevedad”.

Por el momento, esa fue la respuesta comunicada por la cartera provincial, mientras que los productores avanzaron con la presentación judicial para que se garantice la entrega de la documentación solicitada.

Los impulsores del amparo insistieron en que no buscan que la Justicia determine si las obras proyectadas son suficientes ni que evalúe la conveniencia de las decisiones adoptadas por el Gobierno bonaerense. Su objetivo, afirmaron, es que el organismo responda formalmente y permita acceder a los antecedentes requeridos.

La cuestión de fondo es concreta: conocer qué se está haciendo, con qué recursos y en qué plazos para reducir el impacto de las inundaciones en una región donde el agua, los caminos rurales y la infraestructura hidráulica condicionan buena parte de la actividad productiva.

Mientras persiste la preocupación por la situación hídrica y las lluvias de los próximos meses, el reclamo de los dos productores de Carlos Casares vuelve a poner en el centro del debate la necesidad de contar con información pública verificable sobre las obras y las inversiones destinadas a prevenir nuevos anegamientos.