La llamativa foto de un obrero cargando una media res sobre su espalda, que una

influencer publicó en las redes sociales, nos hizo reflexionar sobre algunas cuestiones

que nuestra cámara viene expresando desde hace tiempo, mediante diversos

comunicados y editoriales de nuestra revista.

Hay varios aspectos de la cuestión que merecen ser analizados en detalle. Uno de ellos

es la salud de los trabajadores, que se vulnera mediante una práctica antigua que ya

nadie aprueba y las objeciones higiénicas del método de descarga manual.

Existe una cuestión que también nos genera preocupación y es la confusión generada

por los anuncios de las autoridades, que chocan contra el marco regulatorio que ellos

mismos establecieron.

Nos referimos a la obligatoriedad de cuartear las reses en los frigoríficos y la

prohibición de comercializar medias reses, establecida mediante resolución conjunta

de los ministerios de Economía y Trabajo.

Dicha normativa está aún vigente, pese a los reiterados anuncios sobre su derogación y

a la imposibilidad manifiesta de su aplicación. Esta falta de practicidad de la normativa

fue expresada unánimemente por las autoridades provinciales y los integrantes de la

cadena de ganados y carnes, salvo el sector exportador.

Esta situación dificulta que avancemos en la utilización de medios mecánicos para la

descarga, como los desarrollados por nuestra cámara con la asistencia técnica del INTI.

Esta herramienta constituye una solución inmediata y concreta para proteger a

nuestros trabajadores y que cuenta con amplio consenso en todos los sectores.

Del mismo modo, no se ha convocado a los integrantes de la cadena de la carne vacuna

a las mesas técnicas anunciadas. Estos espacios permitirán avanzar en los consensos

necesarios para modernizar la industrialización y el comercio de carnes, de un modo

integral y equilibrado que incluya a todos los sectores.

Estas indefiniciones por parte del Gobierno nos colocan en una situación de ilegalidad,

porque nos obliga a incumplir la norma escrita pese a que, utilizando medios

mecánicos, cumplimos con lo pautado por las propias autoridades y consensuado con

las provincias.

También quedan en la ilegalidad las actuaciones de los funcionarios públicos, por el no

cumplimiento de sus funciones si debieran atenerse a lo escrito en las normativas aún

vigentes.

Probablemente, la no adecuación de esta normativa a los anuncios del Gobierno se

deba a un descuido propio de la burocracia.

Esta cuestión debe ser resuelta por las autoridades, para avanzar en la modernización

del sistema y que la ley sea igual para todos, y todos podamos cumplirla. Empezando

por quienes deben aplicarla y controlar su aplicación.

CAMyA