“En medio de la situación económica crítica que estamos atravesando, es necesario que el estado provincial garantice información oportuna y confiable sobre lo que es un derecho con garantía constitucional para todos”, sostuvieron y enmarcaron: “En la era digital, no podemos permitir que haya tantos meses de retraso para dar a conocer información pública”.
Dado que el gobierno de la Provincia de Buenos Aires no publica información oficial respecto de la ejecución de gastos desde el primer trimestre del 2022, el bloque de senadores Juntos presentó un pedido de informes.
“La gente no cuenta con ninguna información posterior a esa fecha. El dinero del presupuesto de la Provincia de Buenos Aires es de los vecinos. Tienen derecho a saber en qué se gastó”, sostuvo al respecto el presidente del bloque, Alejandro Rabinovich.
“En la era digital, no podemos permitir que haya tantos meses de retraso para dar a conocer información pública por parte de la Provincia”, enmarcó.
“En medio de la situación económica crítica que estamos atravesando, es necesario que el estado provincial garantice información oportuna y confiable sobre lo que es un derecho con garantía constitucional para todos: saber en qué se gastó el presupuesto asignado 2022”, declaró, en este marco, el senador del bloque Marcelo Daletto.
Además, agregó que “la Constitución Provincial establece -en su Artículo 103-, que es tarea del Poder Legislativo establecer los impuestos y contribuciones necesarios, además de fijar anualmente el cálculo de recursos y el presupuesto de gastos. Pero, ¿Qué margen tiene la Legislatura para cumplir su función de manera acabada en un escenario de asimetría informativa?”.
Asimismo, según se detalla en la iniciativa presentada en la Cámara alta bonaerense, la provincia de Buenos Aires –a través de la Ley provincial 13.295, adhirió a la Ley Nacional 25.917, que establece que “Cada provincia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el gobierno nacional publicarán en su página web (…) con un rezago de UN (1) trimestre, información trimestral de la ejecución presupuestaria, del gasto, del stock de la deuda pública, incluida la flotante, como así también los programas multilaterales de financiamiento, y del pago de servicios, detallando en estos TRES (3) últimos casos el tipo de acreedor”
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