La administración libertaria eliminó una Resolución de 2021 que data del Gobierno de Alberto Fernández.

El Gobierno de Javier Milei eliminó una Resolución del año 2021 que ponía topes a la exportación de granos, como trigo y maíz. Lo hizo por medio de la Resolución 302/2024 del Ministerio de Economía, publicada este viernes en el  Boletín Oficial.

La norma ahora derogada había sido interpuesta por el entonces ministro de Agricultura, Julián Domínguez, y establecía que la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios publicaría los “volúmenes de equilibrio” para cumplimentar la demanda del mercado argentino correspondientes a los productos de origen agrícola. Así, las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) a registrar no podrían exceder, en su conjunto, esos límites dispuestos.

El objetivo era evitar que las ventas al exterior de trigo y maíz entorpezcan el normal abastecimiento del mercado interno.

Ahora, la administración de Javier Milei consideró “indispensable alinear las políticas de regulación de las actividades vinculadas a la agricultura, la ganadería y la pesca, procediendo a una verdadera desburocratización y simplificación de los procesos en relación al Estado, productores, exportadores e importadores”.

 “En atención al cambio de autoridades recientemente acaecido en todos los planos de la Administración Pública Nacional, y a las nuevas políticas públicas delineadas a efectos de un reordenamiento integral de la producción en general y de la reformulación de muchos de los regímenes jurídicos existentes, esbozados en el Decreto N° 70 de fecha 20 de diciembre de 2023, deviene pertinente proceder a una revisión integral de toda la normativa reglamentaria y complementaria dictada en el ámbito de esta cartera relacionada con las actividades agrícolas, ganaderas y de pesca”, abundó el Poder Ejecutivo.

En ese sentido, advirtió que existen “normas vinculadas con regímenes de control, operatividad, distribución, programas y/o de requerimientos de información o de cumplimiento de distintas obligaciones que, con base en el estado actual de nuestra economía en general, han apartado a la Autoridad de Aplicación de tales regímenes de la celeridad que la función pública debe practicar”. (DIB)