Las empresas no podrán alegar causas de fuerza mayor o disminución de la demanda de trabajo

En el marco de la emergencia sanitaria, el Gobierno nacional informó este lunes que se prorrogará por 60 días la prohibición de efectuar despidos sin justa causa, y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor.

Asimismo, se incluirá la prohibición de efectuar suspensiones por los mismos motivos. No obstante, fuentes oficiales aclararon que quedan exceptuadas de la prohibición las suspensiones que sean pactadas individual o colectivamente u homologadas por la autoridad de aplicación en el marco de los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.

La normativa, que será formalizada a través de un decreto de necesidad y urgencia, también detalla que los despidos y suspensiones que se produzcan a pesar de la prohibición “no producirán efecto alguno, y se mantendrán vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales”.

 “Es necesario llevar tranquilidad a los trabajadores argentinos en un momento de crisis e incertidumbre como el que estamos viviendo”, explicó un funcionario del Gobierno a Infobae.

La prohibición de despidos fue decretada inicialmente a principios de abril, luego de que el presidente Alberto Fernández cuestionara públicamente a los empresarios que decidieron echar a trabajadores en medio de la pandemia y el parate económico producto de la cuarentena obligatoria. A fines de marzo, el Grupo Techint había intentado despedir 1.450 trabajadores de la constructora por el parálisis de la actividad y el Presidente cargó contra Paolo Rocca -titular del holding-: “Has ganado tanta plata en tu vida, tenés una fortuna que te pone entre los más millonarios del mundo; hermano, esta vez colaborá, y hacelo con los que hicieron grande a tu empresa, con los trabajadores”, le recriminó.

El nuevo decreto también será por otros 60 días y contemplará los mismos fundamentos que se dieron hasta ahora desde la Casa Rosada: que esta medida se dicta en el marco de la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social establecida por la cuarentena obligatoria para contrarrestar el coronavirus.

El tema fue analizado el jueves pasado en una reunión de la cúpula de la CGT con la UIA donde hubo coincidencias entre empresarios y sindicalistas en mantener la suspensión de los despidos. Estas inquietudes se trasladaron luego a la Casa Rosada de manera informal por diferentes canales de diálogo que mantiene tanto el Presidente como los ministros Cafiero y Moroni.

Al mismo tiempo, el Gobierno ampliará la cantidad de empresas que recibirán ayuda estatal para pagar los sueldos de sus trabajadores. Casi ocho de cada diez empresas argentinas solicitaron asistencia para compensar las pérdidas provocadas por la pandemia lo que obligó al Gobierno a inyectar una suma equivalente a los 1.600 millones de dólares.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, confirmó que unas 420.000 empresas se inscribieron al programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) impulsado por el gobierno argentino tras decretar la cuarentena obligatoria el 20 de marzo. Esto contempla cerca del 80% de las empresas.