Le adjudican el delito de compulsión a la huelga, por impedir el ingreso de los trabajadores a la planta de la firma mediante amenazas e intimidaciones.

El mes pasado, la firma recibió un abrazo solidario de empresarios, políticos y la comunidad, por la situación que atraviesa.

El conflicto entre Lácteos Vidal y la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) por los 26 trabajadores despedidos en 2022 luego de que bloquearan la planta que la empresa tiene en Moctezuma, Carlos Casares, sumó hoy otro capítulo tras la imputación efectuada por el fiscal Martín Butti, a cargo de la UFI 2 de Trenque Lauquen, a Diego Alarcón, vocal titular de la Comisión Directiva de la seccional gremial de esa ciudad, por cometer un delito contra la libertad de trabajo.

Es que en el marco de la toma de la planta, Alarcón fue uno de los encargados de prohibir de manera verbal, con intimidaciones, el ingreso a los trabajadores que querían cumplir sus funciones normalmente en la empresa. “No lo hizo solo, lo hizo junto al secretario general, el secretario adjunto y dos empleados con fueros”, aclaró la Dra. Mariana Heim, abogada y apoderada de Lácteos Vidal S.A.

Luego de un año de investigación en sede penal, Butti consideró que existen elementos suficientes para llevar a Alarcón (empleado de La Serenísima Trenque Lauquen con licencia gremial) a audiencia en calidad de imputado por encontrar sospechas fundadas de la comisión del delito 158 del Código Penal, de compulsión al a huelga, es decir, de atentar contra la libertad de los trabajadores de decidir si adhieren o no a un cese de actividades.

“Es un avance en el camino de la Justicia y de la verdad, porque realmente es muy necesario ponerle un freno a la mafia sindical que es lo que detiene la producción y el progreso de nuestro país”, expresó luego de conocer la noticia la titular de Lácteos Vidal, Alejandra Bada Vázquez. “Son muchos años que el sindicalismo ha perdido el poder de representación de los trabajadores porque no los defiende, al contrario, los mandan a cometer delitos y en eso, algunas veces pierden los trabajos o las empresas quedan tan debilitadas que cierran, entonces pierden las fuentes de empleos”, analizó la empresaria.

El fiscal Butti consideró que hay elementos que indican la comisión de un delito laboral por parte de Diego Alarcón.

Los hechos habían comenzado el 18 de julio de 2022, cuando, sin aviso ni reclamo previo, Atilra instaló dos carpas de 12 metros dentro de la propiedad de la firma láctea, mientras que un grupo de personas vinculadas al gremio se apostó en las puertas de ingreso del establecimiento e impidió el acceso de los empleados mediante intimidaciones y violencia verbal.

“Fueron momentos de desesperación ya que por ser lunes los silos de leche se encontraban colmados, y a horas de que miles de litros de leche se pudran”, repasó Heim. “Es desgarrador leer las declaraciones de los trabajadores, que por decidir no plegarse a la injusta, descabellada e inexplicable medida, fueron hostigados de mil maneras”, contó la apoderada.

Según la abogada, la continuidad de la fuente laboral estuvo en riesgo cierto. “Violaron el derecho a trabajar, a que los empleados ingresen libremente y la propiedad privada; insultaron; agredieron; persiguieron con vehículos de Atilra a camioneros y al director técnico de la empresa; tajearon gomas de autos; apedrearon la casas de trabajadores”, enumeró Heim.

Cabe señalar que en ese entonces, la empresa presentaba sus obligaciones al día, y el pedido de sobrecategorízación solicitado por Atilra para algunos empleados, motivo aludido para la protesta, ya había sido desestimado por el Ministerio de Trabajo.

“Hay que reflexionar y hacer una importante introspección; nadie pone en tela de juicio ni los derechos colectivos ni la importancia de los gremios, pero no me permití mirar para otro lado cuando un grupo de violentos, utilizando los derechos sindicales, cometió delitos y atentó, no solo contra la empresa, sino contra sus propios afiliados”, manifestó la letrada. Al tiempo que subrayó: “El modus operandi de este gremio hoy salió a la luz, pero no nos olvidemos que hace más de 10 años las pymes lácteas vienen sufriendo diariamente este tipo de extorsión: me das lo que te pido o se te pudre la leche; y lo que piden, no corresponde”.

Desde la empresa, tomaron la imputación con algo de alivio: “Yo sé que al final del camino va a haber Justicia, porque cuando uno sabe que actúa bien y tiene la conciencia tranquila es cuestión de tiempo, la verdad llega. Pero me pregunto ¿cuántas pymes pueden seguir en pie cuando están siendo atacadas por la mafia sindical y encima consiguen cautelares en contra de la propiedad privada?”, expresó Bada Vázquez. “Es hora que, de una vez, la Justicia empiece a poner un freno a estos sindicalistas mafiosos que lo único que hacen es arruinar las fuentes de trabajo y a los que más perjudican son a los que dicen defender, a los trabajadores”, manifestó la titular de la empresa.

Cómo sigue el conflicto en lo laboral

El conflicto en el fuero laboral entre Lácteos Vidal y Atilra por los 26 trabajadores despedidos en 2022 luego del bloqueo a la planta de Moctezuma, sigue sin destrabarse.

Ayer, se realizó una audiencia en el Juzgado Nacional de 1° Instancia del Trabajo Número 69, a cargo del juez José Ignacio Ramonet, pero las partes no llegaron a un acuerdo. La láctea ofreció la indemnización correspondiente a todos los despedidos y levantar las dos denuncias penales que realizó contra los trabajadores por el bloqueo, pero el gremio lechero rechazó nuevamente los ofrecimientos, como lo había hecho en el anterior encuentro a principios de mes.

“Lamentablemente, el juez está muy condicionado, lo tienen muy acorralado. Nosotros fuimos a ver si habían aceptado nuestra propuesta, pero la rechazaron. Seguimos rehenes todos de la mafia sindical”, señaló Bada Vázquez a Clarín Rural.

Atilra exige la reincorporación de las 26 personas despedidas. “La gente que despedí no tenía fueros. Los despedimos después que nos bloquearon, A lo sumo, si después del juicio se determina que fueron despedidos arbitrariamente, lo que les va a corresponder es una indemnización que nosotros estamos ofreciendo ahora”, explicó la dueña de la empresa.

“A los empleados se los despidió con justa causa y se están ofreciendo indemnizaciones para que cada uno pueda continuar su vida, fundamentándolo en la imposibilidad de la reincorporación porque el vínculo está quebrado, porque hubo una importante pérdida de confianza y sobre todo porque la medida injusta, arbitraria y desmedida que tomaron, que tuvo características de bloqueo, puso en jaque la continuidad de las fuentes laborales”, argumentó Heim.

“La decisión de despedir fue porque: o se cerraba la empresa o bien se despedía y se contrataba nueva gente para seguir trabajando, y esto fue lo que se hizo. Ahora se está apelando porque la notificación de no poder despedir que nos hicieron fue con posterior posterioridad a que los despidos se hayan producido”, explicó Bada Vázquez. (Clarin)