En medio del plan de ajuste y reformas que impulsa el Gobierno nacional, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) quedó en el centro del debate. El Ejecutivo, encabezado por Javier Milei, avanza en una profunda reestructuración del organismo, que incluye recortes presupuestarios, cambios en la gobernanza y la modificación de su autarquía institucional.

La decisión encendió alarmas en sectores clave del agro, particularmente en la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), que emitió un comunicado en el que alertó sobre el impacto negativo que podría tener una reforma “unilateral” del organismo de innovación tecnológica más importante del sistema agroalimentario argentino.

Desde CARBAP pidieron que los cambios se implementen con “inteligencia, diálogo y visión de largo plazo”. Y fueron más allá: “El INTA enfrenta desafíos crecientes en materia tecnológica, climática y productiva. Su transformación debe fortalecer —no debilitar— su rol estratégico, su autonomía, su red territorial y su reconocida capacidad de innovación y transferencia tecnológica”.