Por orden del Juzgado Federal de Pehuajó se realizaron allanamientos en simultáneo en 30 de agosto, Trenque Lauquen, Chivilcoy, una localidad de Córdoba y otra en Santa Fe.  en el marco de una causa que investiga evasión impositiva en el contexto de la comercialización de granos, según pudo saber este diario. Se investiga la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita  fiscal y evasión tributaria.

Los dispuso el Juzgado Federal de Pehuajó, en el marco de una causa en la que se investiga a un gran número de personas involucradas en la venta de cereal sin declarar.

Los allanamientos, que incluyeron campos, oficinas administrativas, acopiadoras de cereal, estudios contables y casas particulares tanto de productores agropecuarios como de contadores, se realizaron en las localidades de Rosario y Funes (provincia de Santa Fe), localidad de Guatimozín (provincia de Córdoba), y en las localidades de Trenque Lauquen y Chivilcoy (provincia de Buenos Aires). Allí se secuestraron grandes sumas de dinero, importantes cantidades de cereal, armas, dispositivos electrónicos como computadores, celulares y discos externos, como así también  documentación que daría cuenta de la maniobra investigada.  

La causa, en trámite ante el Juzgado desde septiembre del año 2022, se inició a través de distintas presentaciones que dieron cuenta de una posible organización de personas que se encargarían de falsear datos ante la AFIP a través de una compleja maniobra, en la que se encontrarían involucrados contadores, productores agropecuarios, acopiadoras de cereales y otras personas que oficiarían de intermediarios entre ellos.

El accionar investigado en la mega causa incluyó la utilización de claves fiscales “robadas” a personas que nada tenían que ver con el mundo del agro y tecnología que permitía ocultar las direcciones de IP desde donde se emitía la documentación digital, a la vez que se estaría investigando la posible connivencia de personal de AFIP.

La investigación del Juzgado Federal de Pehuajó, que involucra diversos agentes locales, podría implicar una pena de hasta 10 años de prisión para las personas involucradas. (Magica Pehuajo)