El Gobierno provincial endureció los requisitos para el servicio de Policía Adicional, prohibiendo su cobro durante licencias médicas o familiares. La medida llega en un clima de creciente malestar, con protestas en Mar del Plata y el reconocimiento oficial de que los sueldos actuales “no alcanzan”.

En un movimiento que busca ajustar el control operativo pero que añade presión a una fuerza ya movilizada, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, firmó un decreto que modifica sustancialmente el régimen de Policía Adicional (POLAD). Esta herramienta, vital para el ingreso complementario de miles de agentes, dejará de estar disponible para aquellos efectivos que se encuentren bajo licencias médicas, por maternidad o por cuidado de familiares, entre otras restricciones.

La decisión administrativa se produce en un escenario de extrema sensibilidad, donde los reclamos por la actualización de haberes y las malas condiciones de la obra social IOMA han sacado a la calle a familiares y policías retirados, mientras los activos lidian con la necesidad de recurrir a empleos paralelos para cubrir sus necesidades básicas.

Nuevas reglas para el servicio de adicionales

El decreto provincial modifica el artículo 16 del Anexo Único del Decreto 545/22, reglamentario de la Ley 13.942. El nuevo texto establece que el servicio de Policía Adicional (prestación de seguridad para organismos públicos o privados fuera del horario habitual) será estrictamente voluntario y solo podrá realizarse en estado de franco de servicio.

Sin embargo, el punto que genera mayor fricción es la restricción absoluta durante el uso de licencias. A partir de ahora, no se autorizarán adicionales en casos de:

• Enfermedad o accidente.
• Maternidad, nacimiento o adopción.
• Atención de familiares enfermos.
• Donación de órganos o permisos para exámenes.

Desde el Ministerio de Seguridad, que conduce Javier Alonso, argumentan que la medida responde a criterios de “aptitud funcional”, asegurando que quien no está en condiciones de prestar servicio ordinario tampoco debería realizar tareas extraordinarias.

“El sueldo no alcanza”: el reconocimiento del Ministerio

Pese a los intentos oficiales por minimizar el conflicto salarial —bajo el argumento legal de que la Policía no tiene derecho a la sindicalización ni a la protesta—, la realidad socioeconómica golpea las comisarías. El propio ministro Alonso admitió recientemente que el salario de un oficial inicial ronda el millón cincuenta mil pesos, cifra que incluye bonos por uniforme y adicionales, pero que calificó como insuficiente frente al costo de vida actual.

Esta precariedad ha empujado a una parte considerable de la fuerza a la informalidad o al pluriempleo. Según datos del Ministerio, se ha detectado a efectivos trabajando como conductores de aplicaciones de transporte o realizando actividades en plataformas digitales, lo que ha derivado en sanciones y lineamientos disciplinarios para evitar el uso de recursos institucionales en trabajos privados.

Protestas en la costa y sanciones en La Plata

El malestar se cristalizó este lunes de Carnaval en Mar del Plata, donde familiares de agentes y policías retirados elevaron un petitorio al Ministerio de Seguridad exigiendo un aumento del 80%, la actualización de las horas C.O.R.E.S. y mejoras urgentes en la cobertura de salud.

El conflicto no está exento de represalias. En La Plata, un oficial de 27 años fue desafectado por Asuntos Internos tras participar en movilizaciones, mientras que un ex agente penitenciario resultó imputado en el marco de las mismas protestas.

Alarma por salud mental: 37 suicidios en un año

Como contrapartida al ajuste en las adicionales, el Gobierno lanzó el “Programa de Detección y Abordaje de Factores de Riesgo”. Esta iniciativa busca reforzar el control psicofísico de los agentes mediante evaluaciones periódicas y protocolos de seguimiento precoz.

La urgencia del programa se explica con una cifra alarmante: en 2024 se registraron 37 suicidios dentro de la Policía Bonaerense, un promedio de tres casos por mes. El Ejecutivo intenta ahora dar una respuesta institucional a una crisis de salud mental que, según denuncian diversos sectores, está íntimamente ligada al estrés financiero y a la sobrecarga laboral de una fuerza que no logra llegar a fin de mes.