La entidad rural sostuvo que el informe nacional no puede utilizarse para justificar la situación local y pidió explicaciones concretas sobre la utilización de los recursos destinados al mantenimiento de los caminos rurales.

La difusión de un análisis basado en el Índice FADA por parte del Municipio de Carlos Casares generó una rápida respuesta de la Comunidad Rural local, que emitió un extenso documento en el que cuestiona la utilización de datos nacionales para explicar la incidencia de la Tasa Vial que pagan los productores del distrito.

La entidad consideró que se está realizando un uso “político” del informe elaborado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) y sostuvo que el verdadero debate debe centrarse en la calidad de los caminos rurales, la prestación efectiva del servicio y la transparencia en la administración de los recursos recaudados.

El 1,1% que genera la discusión

Según recordó Comunidad Rural, el Índice FADA correspondiente a junio de 2026 señala que el Estado absorbe el 61,9% de la renta agrícola. Dentro de ese porcentaje, el componente municipal representa el 1,1% a nivel nacional.

Sin embargo, la entidad advirtió que ese valor surge de un promedio nacional que incluye provincias con sistemas tributarios diferentes y municipios que ni siquiera cobran tasas viales, por lo que consideró incorrecto utilizar ese dato para analizar la realidad de un partido bonaerense como Carlos Casares.

En ese sentido, remarcaron que el propio informe de FADA, al referirse específicamente a la provincia de Buenos Aires, reconoce que los municipios aplican tasas propias —principalmente viales— y estima un promedio de $6.008 por hectárea, aunque aclara que existen distintas modalidades de cálculo y valores según cada distrito.

“Si existen diversas formas de cálculo y distintos montos, cada municipio debe ser evaluado individualmente”, sostienen desde la entidad rural.

“La transparencia no se demuestra con estadísticas generales”

Otro de los puntos centrales del documento apunta a la necesidad de analizar la gestión municipal a partir de información concreta y verificable.

Desde Comunidad Rural señalaron que la transparencia fiscal no puede acreditarse mediante informes macroeconómicos, sino a través de herramientas como la ejecución presupuestaria, los registros contables, la afectación de fondos, el gasto realizado, las tareas ejecutadas, la utilización de maquinaria, el consumo de combustible y el estado real de los caminos intervenidos.

Bajo esa premisa, sostienen que si el Municipio recauda una Tasa Vial debe demostrar claramente la prestación del servicio que justifica dicho cobro.

Asimismo, indicaron que cuando los caminos presentan problemas de transitabilidad o se encuentran deteriorados, resulta necesario explicar la relación entre los recursos percibidos, los gastos efectuados y los trabajos concretamente realizados.

El peso de otros tributos vinculados al mantenimiento vial

El informe también hace referencia a los recursos provinciales que tienen relación con el mantenimiento de la red vial rural.

La entidad recordó que la Ley Provincial 13.010 establece que el 12% de la recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural integra el Fondo Compensador de Mantenimiento y Obras Viales, destinado a trabajos sobre caminos de tierra.

Por ese motivo, sostienen que los productores no sólo contribuyen mediante la Tasa Vial municipal, sino también a través de otros tributos provinciales que poseen afectación específica para infraestructura vial.

En consecuencia, consideran que el Municipio no puede desligarse de la problemática ni presentarse como un actor secundario dentro del sistema de financiamiento destinado a los caminos rurales.

La rentabilidad y el impacto de los caminos rurales

En el tramo final del documento, Comunidad Rural plantea que las dificultades del sector agropecuario no se explican únicamente por factores como las retenciones, los costos de producción, los fletes o las variaciones de los mercados internacionales.

Según expresan, la falta de caminos en condiciones también afecta directamente la rentabilidad de las explotaciones agropecuarias, al dificultar el ingreso a los establecimientos, la salida de la producción, el traslado de hacienda y el movimiento de maquinaria.

Además, remarcan que los problemas de transitabilidad generan pérdidas de tiempo, mayores costos operativos y complicaciones logísticas que terminan impactando en la actividad económica del sector.

Reclamo de explicaciones concretas

Finalmente, la entidad concluye que el debate no debería centrarse en la participación porcentual de los municipios dentro de la carga tributaria nacional, sino en la administración local de los recursos recaudados.

En ese marco, solicitaron que el Gobierno municipal informe con precisión qué obras se realizaron, cuál fue el destino de los fondos obtenidos mediante la Tasa Vial, qué planificación existe para la red rural y qué resultados concretos pueden verificarse sobre el terreno.

“La discusión en Carlos Casares no pasa por cuánto representa el municipio dentro de una estadística nacional, sino por la calidad del servicio que reciben quienes financian esa tasa”, sostienen desde Comunidad Rural, que volvió a poner sobre la mesa un tema que continúa generando debate entre productores y autoridades locales.

FADA-CASARES