En una dura entrevista radial, el Mayor Carlos Maure, secretario general de APPA, trazó un panorama desolador sobre la realidad que atraviesan los efectivos en la provincia. Denunció “esclavitud laboral”, total falta de contención psicológica, persecución política y una sangría de personal que dejó las filas con 10.000 agentes menos durante el último año.

La situación institucional y humana dentro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia. Así lo reflejó el Mayor Carlos Maure (Jubilado), Secretario General de la Asociación de Policías y Penitenciarios Agremiados (APPA), en una entrevista con Casares On Line, detalló un escenario de implosión interna caracterizado por el abandono estatal, el desamparo psicológico de los agentes y una preocupante ola de suicidios que ya supera los 400 casos.

Una sangría de personal sin precedentes

Uno de los datos más alarmantes que expuso Maure tiene que ver con el vaciamiento de la fuerza. Según las estadísticas que maneja la organización correspondientes al año 2025, se registraron entre 10.000 y 12.000 bajas de efectivos por diversos motivos —retiros, jubilaciones o renuncias explícitas—, mientras que las nuevas incorporaciones apenas alcanzaron los 2.000 agentes.

“Esto no es casual, es parte de una política de Estado del actual gobierno provincial que lleva a la destrucción de la institución”, fustigó el referente de APPA. Maure advirtió que esta falta de personal repercute directamente en la seguridad de los vecinos: “Si eliminás a la gente que tiene que cuidar a la sociedad de la delincuencia, estamos en graves problemas”.

Salud mental en jaque y abandono institucional

El punto más doloroso de la realidad policial bonaerense es, sin dudas, el índice de suicidios dentro de la fuerza, una problemática que la asociación viene denunciando activamente. “Superamos largamente los 400 suicidios. Para que la gente común tenga una idea, una comisaría normal necesita unos 350 efectivos para trabajar; la gestión o la no gestión de este gobierno hizo desaparecer más de una comisaría entera”, graficó Maure con crudeza, trayendo a colación el reciente y lamentable caso de una oficial principal que se quitó la vida en la localidad de Lobos.

El secretario general de APPA apuntó contra las autoridades del Ministerio de Seguridad y las subsecretarías de bienestar policial, señalando que los expedientes presentados para abordar las adicciones y la salud mental “están absolutamente planchados”. Según denunció, la única respuesta estatal ante crisis de ansiedad, depresión o estrés extremo por recarga horaria es una línea telefónica que no brinda soluciones reales.

“Los chicos entran con vocación y sueños de servir a la sociedad, pero terminan entregando su vida no por defender al ciudadano, sino por no soportar las actuales condiciones de esclavitud laboral, problemas económicos y la nula contención familiar y psicológica”, enfatizó.

Sumarios, persecución y el camino a la Justicia Federal

Durante la entrevista, se recordó el fuerte reclamo salarial y laboral de 2020 en Puente 12, una protesta que, según Maure, derivó en una “guillotina” y una posterior persecución política para quienes alzaron la voz. El año pasado, alrededor de 700 efectivos fueron desafectados de la fuerza en lo que catalogó como un proceso completamente irregular e ilegal.

“Cometieron el delito de espionaje ilegal sobre los efectivos para armar sumarios que ya estaban prescriptos. El ministro siguió adelante y exoneró al 99% del personal en esas condiciones”, denunció Maure, quien sufrió en carne propia la cesantía a fines de noviembre, viéndose obligado a tramitar una jubilación de apuro tras meses sin percibir haberes.

Ante lo que consideran una “inacción absoluta” por parte de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6 de La Plata para frenar estos atropellos, desde APPA decidieron saltar el fuero provincial y acudir directamente a los tribunales de Capital Federal. La última presentación judicial fue radicada en el Juzgado Federal N° 3 de Comodoro Py, donde se denunció penalmente a las máximas autoridades ministeriales, jefes policiales y responsables de Asuntos Internos.

Al cierre de la comunicación, Maure dejó una frase categórica que resume el malestar de un sector que se siente desprotegido por quienes deberían conducirlos: “Lamentablemente, el gobierno actual ha convertido a la provincia en el cementerio más grande de la República Argentina. Necesitamos que la sociedad nos acompañe y que esto se visibilice, porque los que deben cuidarlos hoy están indefensos”.