El caso se inició en junio, cuando fueron secuestradas 49 cabezas de ganado durante un allanamiento en un campo de Carlos Tejedor, a partir de una denuncia por el faltante de 52 terneros. El productor Martín Iglesias estuvo detenido un día y recuperó su libertad. Ahora, su abogado, Pedro Di Costanzo, cuestionó la documentación presentada por el denunciante y solicitó que se investigue una posible falsa denuncia. Los animales continúan bajo depósito judicial en poder de quien realizó la denuncia.

El caso que sacudió a Lincoln y Carlos Tejedor sumó nuevos cuestionamientos judiciales. Tras recuperar su libertad, el productor Martín Iglesias, a través de su abogado Pedro Di Costanzo, presentó pruebas que ponen en duda los números del denunciante Gabriel Racca y cuestionaron el accionar político y policial en el operativo.

El caso de abigeato que tomó estado público en junio, a partir de un procedimiento realizado por el Comando de Prevención Rural (CPR) de Lincoln en un establecimiento de Carlos Tejedor, sumó nuevos cuestionamientos en las últimas horas.

La causa se originó luego de que el productor Gabriel Racca denunciara el faltante de 52 terneros de su establecimiento, animales que fueron valuados en unos 50.000 dólares. A partir de la investigación se realizaron allanamientos y fueron recuperadas 49 cabezas de ganado.

En ese contexto fue detenido el productor Martín Iglesias, vinculado a un feedlot de la zona, aunque permaneció privado de su libertad solamente durante un día antes de recuperar su libertad.

Ahora, su abogado defensor, Pedro Di Costanzo, salió a cuestionar distintos aspectos de la investigación y puso el foco principalmente en la documentación aportada por el denunciante.

La defensa cuestiona el origen de la denuncia

Según explicó Di Costanzo, cuando tomó contacto con Iglesias, el productor le manifestó su sorpresa e indignación por el procedimiento policial.

De acuerdo con la versión de la defensa, Iglesias sostuvo que la policía ingresó a su establecimiento con una orden de allanamiento y que desde el primer momento se puso a disposición de la Justicia, convencido de que la actividad desarrollada con los animales era completamente legal.

Sin embargo, durante el procedimiento fueron secuestradas 49 cabezas de ganado, que posteriormente quedaron bajo depósito judicial en poder de Racca, quien tiene a su cargo la custodia de los animales, aunque no puede disponer de ellos ni venderlos.

La defensa también cuestionó la exposición pública que tuvo el caso inmediatamente después del operativo.

Diferencias en la documentación

Uno de los principales argumentos planteados por Di Costanzo está relacionado con las diferencias que, según afirma, aparecen al comparar distintos registros vinculados con la cantidad de animales existentes en el establecimiento de Racca.

El abogado mencionó documentación correspondiente al SENASA, registros de la línea municipal de Junín y actas de vacunación, que deberían guardar correspondencia entre sí.

Según detalló, Racca declaró que el 29 de abril contaba con 441 cabezas de ganado. Sin embargo, un acta de vacunación correspondiente al día anterior, 28 de abril, registraba 476 animales.

La defensa también puso bajo análisis los movimientos posteriores de la hacienda. De acuerdo con la denuncia, entre aquella fecha y el 5 de junio habrían ingresado 53 animales y egresado 28, cálculo que derivó en el faltante de 52 cabezas denunciado.

Pero, según Di Costanzo, al cruzar esos datos con la documentación presentada en la causa aparecen diferencias que ubicarían el desfasaje entre 60 y 80 animales.

Para el abogado, se trata de una inconsistencia relevante que debería ser esclarecida dentro del expediente.

Un informe policial ya había advertido diferencias

Di Costanzo sostuvo además que las diferencias en los números no fueron advertidas únicamente por la defensa.

Según explicó, un informe elaborado por un comisario y elevado al ayudante fiscal de Junín, Juan Martín Camoletti, ya habría señalado que al realizarse un acta de rodeo de la hacienda de Racca se detectó un desfasaje considerable.

De acuerdo con esa presentación, la diferencia existente en los registros hacía imposible determinar con precisión cuál era la cantidad real de animales que se encontraban en el establecimiento.

La defensa considera que ese punto resulta central para establecer si efectivamente existió el faltante denunciado en los términos planteados originalmente.

El testimonio de un exempleado

A los cuestionamientos documentales se sumó, según relató el abogado, el testimonio de Omar Cáceres, exempleado de Racca hasta abril de 2025.

Siempre de acuerdo con la versión de la defensa, Cáceres declaró ante la fiscalía que en una oportunidad anterior se había denunciado la desaparición de 14 animales ante la Patrulla Rural de Junín.

El exempleado habría señalado que posteriormente Racca retiró aquella denuncia al recordar que los animales habían sido vendidos.

Para Di Costanzo, este antecedente forma parte de un cuadro que, a su entender, muestra irregularidades en la administración y registro de la hacienda.

Tampoco se habrían encontrado signos de ingreso forzado

Otro de los aspectos señalados por la defensa está relacionado con las condiciones del establecimiento desde donde supuestamente fueron sustraídos los animales.

Según Di Costanzo, en el informe realizado sobre el campo no se encontraron signos de forzamiento: no habría candados violentados, tranqueras rotas ni alambrados dañados.

La defensa considera que este elemento también debería ser tenido en cuenta a la hora de reconstruir cómo se produjo el supuesto faltante de los animales.

Cuestionamientos al video del intendente Serenal

El abogado también apuntó contra la forma en que el caso fue presentado públicamente luego del operativo.

En particular, cuestionó la participación del intendente de Lincoln, Salvador Serenal, quien al día siguiente del procedimiento apareció públicamente junto a integrantes de la Policía, un contador de la Municipalidad y el propio denunciante.

En ese contexto se difundió un video en el que se hacía referencia a que se había “terminado con los malvivientes” y se destacaba el trabajo realizado entre distintas áreas.

Di Costanzo cuestionó que esas afirmaciones se hayan realizado cuando, según su postura, todavía no se había verificado en profundidad la documentación que posteriormente pasó a formar parte de los cuestionamientos de la defensa.

“Lo que más me preocupa es que este señor se paseó por todos los medios televisivos y radiales del país afirmando que efectivamente le habían sustraído 52 cabezas, cuando la prueba documental no dice eso”, sostuvo el abogado.

La defensa pidió investigar una posible falsa denuncia

A partir de los elementos que considera contradictorios, Di Costanzo presentó un escrito ante la fiscalía solicitando que se investigue a Racca por el presunto delito de falsa denuncia.

El planteo de la defensa sostiene que parte de la propia documentación presentada por el denunciante no coincidiría con el relato que dio origen al procedimiento y al posterior secuestro de los animales.

Por el momento, se trata de un planteo realizado por la defensa y será la Justicia la que deberá determinar si corresponde avanzar con esa línea de investigación.

Los animales continúan bajo depósito judicial

Otro de los puntos que genera cuestionamientos es la situación actual de las 49 cabezas de ganado secuestradas durante el operativo.

Según informó Di Costanzo, el 6 de agosto la defensa realizó un inventario propio con la participación de un escribano y un veterinario sobre los animales que permanecen bajo depósito judicial en poder de Racca.

En esa verificación, siempre según el abogado, se constató la ausencia de dos animales respecto de las 49 cabezas que habían sido entregadas originalmente.

Para la defensa, esta situación vuelve a poner bajo discusión las condiciones en las que se encuentra la hacienda y la responsabilidad sobre su custodia.

Di Costanzo también afirmó que, al revisar las facturas aportadas como respaldo de la propiedad de los animales, no habría podido acreditarse de manera fehaciente la titularidad de la totalidad de la hacienda.

Qué puede pasar ahora

Con Iglesias en libertad y la hacienda todavía bajo depósito judicial, la causa continúa su trámite.

La próxima instancia estará vinculada con la respuesta de la fiscalía al pedido formulado por la defensa para que se investigue a Racca por una eventual falsa denuncia.

Mientras tanto, Di Costanzo anticipó que también buscará avanzar contra funcionarios que intervinieron en el procedimiento, al considerar que existieron irregularidades tanto en la actuación policial como en la intervención de la fiscalía.

“Al final es un robo amparado por el Estado”, afirmó el abogado, al referirse a lo que considera un procedimiento irregular que terminó con el secuestro de la hacienda de su defendido.

El expediente permanece abierto y serán las actuaciones judiciales, junto con el análisis de la documentación y las pruebas incorporadas, las que deberán determinar qué ocurrió con los animales denunciados como faltantes y las eventuales responsabilidades que pudieran corresponder.