Fiscales y jueces a lo largo del país ordenan allanamientos y aplican el artículo 211 del Código Penal que establece hasta seis años de cárcel para quienes generan mentiras en las redes sociales en medio de la pandemia. Qué puede pasar con los que comparten los contenidos

Mientras recibía cerca de 200 denuncias diarias contra violadores de la cuarentena en su turno con el juez Luis Rodríguez, la fiscal federal Mangano tuvo que preocuparse por la basura en el teléfono. El 19 de marzo último, Mangano le envió un oficio a área de Ciberdelincuencia del Ministerio de Seguridad de la Nación. Detallaba lo que creía ella un posible delito de acción pública, una cadena de WhatsApp. La cadena no pedía rezar por alguien o algo, o tenía fotos de gatitos, sino que hablaba de cosas gravísimas.

 “Gobierno decreta crisis nacional por cuarentena, no se podrá circular después de las 15 horas por coronavirus”, decía su primera línea. El anuncio no solo anunciaba el toque de queda, sino el traslado compulsivo a centros de salud a cualquiera que tuviese un mínimo de 38 y medio de temperatura. Era, en sí, el escenario del desastre en la Argentina. Y era todo falso.

La cadena no venía sola. Tenía también un link al Boletín Oficial, además de un número de teléfono.

Así, se rastreó ese teléfono. Llegaron hasta una casa en Haedo, donde encontraron a un joven y a su padre. El link también era falso, pero según aseguran fuentes en los tribunales federales, “generó un tráfico que llevara a problemas en el sitio del BORA”, que llevó a que interviniera la UFECI, el área de la Procuración contra delitos informáticos y online a cargo del fiscal Horacio Azzolin. Así, la causa se convertía en un combo doble: fake news y ciberataque. Se secuestraron teléfonos y computadoras, que todavía son analizadas. El joven y su padre todavía no fueron indagados: se espera el relevo de los aparatos para más pruebas.

Uno de los delitos en la calificación en su contra es el artículo 211 del Código Penal, de tres a seis años de cárcel, el delito de intimidación pública.

Mangano no fue la única en aplicarlo. Otros funcionarios lo hacen a lo largo del país. En el Juzgado Federal N°3 de Morón, el juez federal Néstor Barral decidió aplicarlo para pedir el allanamiento y detención de Santiago Rubén Aciar, el youtuber y empleado de una empresa de seguridad acusado de crear un falso viral en Youtube donde una mujer relataba que había pacientes con coronavirus ocultos en el Hospital Posadas, otra mentira, tres pisos llenos de infectados fuera de las estadísticas nacionales. En Resistencia, capital de Chaco, Rubén Escobar terminó con una causa penal por inventar en un video como al menos 30 presos se fugaron de la Unidad N°7, el penal federal de la zona.

El análisis es obvio: en tiempos de cuarentena, donde un funcionario como el subsecretario de Salud habla de “infodemia” para definir la chatarra y la desinformación que circula por los smartphones de la Argentina y toma por asalto las conversaciones en grupos para luego volcarse en redes, jueces y fiscales a lo largo del país aplican una figura penal que convierte a esas fake news en delitos contra el orden público.

Desde las esferas del Poder Ejecutivo niegan, por ejemplo, una sugerencia o una “bajada de línea” de la Secretaría de Legal y Técnica. Al parecer, la aplicación de la calificación es parte de un efecto contagio, uno tras otro.

Hay más casos a lo largo del país: la semana pasada, mientras que el Juzgado de Garantías N°1 de La Matanza esperaba los resultados del test a un detenido fallecido con síntomas compatibles dentro de una celda en una comisaría de San Justo, tres audios de un supuesto comisario se viralizaron entre policías, jueces y periodistas. Según esos mensajes, el detenido tenía efectivamente coronavirus, todo el personal policial debía aislarse, pero los resultados nunca habían llegado. Los audios dispararon una causa a cargo de la UFI N°3 de la jurisdicción y un expediente en Asuntos Internos. El comisario, o el nombre del comisario en los audios, existe. Otros expedientes por noticias falsas e intimidación pública se registraron en Santiago del Estero y La Pampa.

 “Será reprimido con prisión de dos a seis años, el que, para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos”, dice la norma. El uso de la figura de intimidación pública es creativa, por llamarlo de alguna forma, en este contexto crítico. Pero el uso no es nuevo: se reservó, históricamente, para otras cosas. En enero de 2018, por ejemplo, el juez Claudio Bonadío procesó a 33 personas acusadas de cometer disturbios frente al Congreso el mes anterior bajo la figura. Los organismos de derechos humanos criticaron su uso en varias ocasiones, una figura para castigar la protesta.

Sin embargo, disparar una noticia falsa es un camino mucho más sinuoso que tirarle una piedra a un patrullero. “Los que lo hacen”, dice un funcionario que investiga una de las nuevas causas, “o son imbéciles o son trolls”.

Por lo pronto, los fakes en WhatsApp y en las redes caen en otra coyuntura más allá de la desinformación y el contagio en las calles. La semana pasada, la ministra Sabina Frederic reconoció desde la cartera de Seguridad que se realizaban “ciberpatrullajes” en redes sociales. El nombre no es nuevo tampoco, diversas fuerzas de seguridad en el país tienen una “división Ciberpatrullaje”, sus actuaciones se reducen a relevos online de contenido accesible al público bajo el pedido y el control de un juez en un expediente. Que se hable de “ciberpatrullaje” de forma preventiva llama la atención.

¿Ahora, compartir estos fakes es delito? Jueces y fiscales consultados coinciden en que difícilmente lo constituya. Una investigadora apunta: “El que lo comparte, quizá lo haga porque lo cree verdad. Y ese es el problema”.