La entidad que representa al campo bonaerense y pampeano expresó su firme disconformidad ante la Resolución General 1166/2026, que limita el uso de cheques en el mercado de capitales y exige unicamente transferencias bancarias. Advierten que la normativa encarece la operatoria diaria, restringe el crédito y afecta de lleno tanto a productores como a Pymes.

El campo bonaerense volvió a encender las alarmas tras una reciente disposición de la Comisión Nacional de Valores (CNV) que modifica de manera sustancial la operatoria financiera habitual. A través de un pronunciamiento, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) manifestó su profunda preocupación y disconformidad con las nuevas restricciones impuestas al uso de cheques como instrumento de cobro y pago dentro del mercado de capitales.

La medida en cuestión surge tras la aprobación de la Resolución General 1166/2026, la cual estableció de forma tajante que las transferencias bancarias pasarán a ser la única modalidad habilitada para la recepción y entrega de fondos entre los agentes registrados y sus respectivos clientes.

Un golpe al capital de trabajo del campo y las Pymes

Si bien la disposición gubernamental alcanza de lleno al sector agropecuario —un engranaje económico altamente dependiente de este tipo de herramientas para calzar sus ciclos de producción—, desde la entidad ruralista remarcaron que el perjuicio se extiende a la totalidad del entramado productivo nacional.

El cheque, tanto en su versión física como electrónica (Echeq), constituye una herramienta de uso cotidiano e indispensable para que miles de pequeñas y medianas empresas (Pymes) administren su capital de trabajo, descuenten valores y mantengan la liquidez requerida por la dinámica del mercado.

Control fiscal sí, pero sin asfixiar la producción

Desde Carbap aclararon que no se oponen a las metas de transparencia y trazabilidad que persigue el Estado en la economía formal. Sin embargo, marcaron una postura firme respecto a los caminos elegidos para alcanzar tales fines:

“Los objetivos de control fiscal no deberían alcanzarse restringiendo instrumentos financieros utilizados legítimamente por el sector productivo ni trasladando sus costos al productor y a las empresas”, expresaron desde la dirigencia rural.

A esta situación se le suma un reclamo histórico del sector productivo: la falta de previsibilidad y los constantes cambios de reglas de juego en plazos sumamente acotados. Modificar de imprevisto las condiciones bajo las cuales se planifica el financiamiento afecta la toma de decisiones, frena inversiones y eleva los costos operativos de quienes producen.

Pedido de diálogo urgente y reglas claras

El comunicado de Carbap concluye con un fuerte llamado a las autoridades nacionales para reevaluar el alcance de la Resolución 1166/2026 y abrir un canal de conversación fluido con las cadenas afectadas.

“La Argentina necesita reducir costos, ampliar el acceso al crédito y generar reglas estables para producir e invertir. No nuevas restricciones que terminen encareciendo el financiamiento del sector productivo”, ratificaron.

En momentos donde el campo y la industria requieren incentivos para sostener la actividad, las entidades rurales insisten en que es fundamental promover instancias de diálogo que permitan evaluar el impacto real de estas medidas antes de que terminen resentir aún más la economía del interior del país.