A través de un comunicado difundido tras la votación, CARBAP celebró la aprobación de la iniciativa y remarcó la importancia de contar con herramientas legales específicas para prevenir y sancionar los ataques contra la producción agropecuaria.

“Celebramos la aprobación en la Cámara de Diputados de la Nación del proyecto de ley que incorpora al Código Penal figuras específicas vinculadas al vandalismo rural, un paso importante para fortalecer la protección de los productores y sus familias”, expresó la confederación.

La organización señaló que la destrucción de cultivos, silobolsas, alambrados e instalaciones productivas genera pérdidas económicas y afecta meses de trabajo, inversión y esfuerzo por parte de los productores.

En ese sentido, puso especial énfasis en la necesidad de proteger a quienes residen en establecimientos rurales y reclamó que el ingreso a una propiedad sin autorización tenga consecuencias legales acordes con la gravedad de cada situación.

“Destacamos especialmente el abordaje de la violación de domicilio rural. Ingresar sin autorización a un establecimiento rural vulnera la privacidad, la tranquilidad y la seguridad de quienes viven y trabajan allí”, sostuvo la entidad.

Y agregó una definición que sintetiza su postura frente a la iniciativa: “El campo no puede tener menos protección que cualquier otro ámbito: detrás de cada tranquera hay personas, familias y bienes que deben ser respetados”.

Qué establece el proyecto y cuáles serían las penas

El texto aprobado por Diputados contempla distintas sanciones de acuerdo con el tipo de conducta y la gravedad del daño ocasionado.

Ingreso no autorizado a establecimientos rurales

La iniciativa establece penas de un mes a un año de prisión para quienes ingresen a un establecimiento rural o a sus dependencias contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho a impedirlo.

La pena podrá elevarse hasta los dos años cuando el ingreso obstaculice sustancialmente el desarrollo de la actividad productiva, genere un peligro concreto para la vida o la integridad física de las personas que se encuentren en el lugar, o ponga en riesgo la sanidad de los animales o los cultivos, siempre que el hecho no constituya un delito con una sanción mayor.

Daños a silobolsas y bienes de la producción agropecuaria

Otro de los puntos centrales del proyecto apunta a quienes destruyan silobolsas o cualquier producto que forme parte del proceso productivo agropecuario.

Para esas conductas, la propuesta establece penas de dos a ocho años de prisión, además de una multa equivalente a entre tres y doce veces el valor del daño causado.

La medida busca dar una respuesta penal específica a hechos que pueden comprometer el almacenamiento de granos, ocasionar importantes pérdidas económicas y afectar el desarrollo normal de las actividades agropecuarias.

Las sanciones más severas: hasta 10 años de prisión

El proyecto también contempla un agravamiento de las penas, que podrían alcanzar los 10 años de prisión, cuando se cumplan determinadas condiciones: que el hecho sea cometido por tres o más personas que actúen de manera coordinada y que, como consecuencia, se produzca la pérdida total de la producción en curso o se impida la continuidad del ciclo productivo, su transporte o comercialización.

De esta manera, la iniciativa diferencia el ingreso no autorizado a un predio rural de los hechos que provocan daños graves sobre la producción, con sanciones que varían según las circunstancias y consecuencias del delito.

Una votación con posiciones divididas

La iniciativa fue respaldada por La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical y otros bloques, entre ellos Argentina Federal, Provincias Unidas, Elijo Catamarca, Coherencia y Producción y Trabajo.

En cambio, el proyecto fue rechazado por la mayoría de los diputados de Unión por la Patria, así como por representantes de la izquierda y del bloque Independencia.

Durante el tratamiento legislativo se incorporaron modificaciones al dictamen de mayoría. Los cambios fueron consensuados entre el autor de la iniciativa, Martín Ardohain, y el diputado del Frente Renovador Ramiro Gutiérrez.

Finalmente, la propuesta logró la aprobación de la Cámara baja con 162 votos afirmativos, 77 negativos y una abstención, correspondiente al diputado de Unión por la Patria Luis Basterra, quien se desempeñó como ministro de Agricultura de la Nación durante los primeros años del gobierno de Alberto Fernández.

CARBAP pidió avanzar hacia herramientas legales efectivas

Tras destacar el resultado parlamentario, la confederación ruralista consideró que la aprobación constituye un paso importante, aunque remarcó que todavía es necesario avanzar en la construcción de mecanismos que garanticen una protección efectiva de la producción y de las personas que viven en el ámbito rural.

La entidad insistió en que los daños contra bienes agropecuarios no deben analizarse únicamente por el valor material de lo destruido, sino también por sus consecuencias sobre el trabajo, las inversiones y la continuidad de la actividad.

“Valoramos este avance legislativo y convocamos a seguir trabajando para que existan herramientas legales efectivas que protejan la producción y garanticen el respeto por la propiedad”, expresó CARBAP.

El comunicado concluyó con un mensaje dirigido a la importancia de la seguridad para el desarrollo de las comunidades rurales: “Sin seguridad ni respeto por el trabajo, no hay desarrollo rural posible”.

¿Cuándo entrarían en vigencia las nuevas sanciones?

La aprobación en Diputados representa un avance en el tratamiento legislativo, pero el proyecto todavía debe completar el trámite parlamentario para convertirse en ley. Por lo tanto, las nuevas figuras y sanciones propuestas no entran en vigencia automáticamente por la votación de la Cámara baja.

Para el sector agropecuario, la iniciativa pone nuevamente en agenda el reclamo por una mayor protección frente a los daños a la producción, la destrucción de instalaciones y el ingreso no autorizado a establecimientos rurales.

La expectativa de las entidades ruralistas es que el avance legislativo se traduzca en herramientas concretas para resguardar el trabajo de los productores, la inversión y la seguridad de las familias que viven en el campo.