El Gobierno nacional autorizó al Servicio Penitenciario Federal a instalar tecnología para detectar y bloquear celulares en cárceles. La medida apunta a frenar estafas y delitos organizados desde los penales, mientras crece la presión para que la provincia de Buenos Aires adopte un sistema similar.

Tecnología para cortar la comunicación del delito

El Ministerio de Seguridad de la Nación oficializó, mediante la Resolución 336/26 publicada en el Boletín Oficial, la implementación de dispositivos para detectar y bloquear teléfonos celulares dentro de las cárceles federales. La iniciativa busca impedir que los internos utilicen estos equipos para coordinar delitos desde el encierro.

La normativa habilita al Servicio Penitenciario Federal a instalar sistemas de detección y bloqueo de IMEI (identificación del dispositivo) e IMSI (identificación de la línea). De esta manera, al anular ambos códigos, se deja completamente fuera de servicio el teléfono detectado.

Según se explicó en la resolución, la medida responde a la necesidad de “impedir el uso indebido de equipos de comunicación móvil” y frenar maniobras ilícitas organizadas desde los establecimientos penitenciarios.

Cómo funcionará el sistema

Para poner en marcha el plan, el Estado deberá adquirir la tecnología necesaria e instalarla en las unidades carcelarias. El mecanismo será el siguiente:

• Los equipos detectarán señales activas dentro de las cárceles.
• Una vez identificadas, se notificará a la empresa de telecomunicaciones correspondiente.
• La compañía deberá bloquear el dispositivo y la línea en un plazo menor a 48 horas.

El objetivo es monitorear en tiempo real la actividad y desactivar cualquier intento de comunicación ilegal.

El delito desde las cárceles, en la mira

La decisión se apoya en una problemática creciente: las estafas telefónicas, extorsiones y otros delitos que se gestan desde las cárceles. Para el Gobierno, estas prácticas requieren una respuesta tecnológica inmediata.

Desde la cartera de Seguridad sostienen que muchas organizaciones criminales continúan operando desde el interior de los penales, utilizando celulares para planificar y ejecutar maniobras ilícitas.

Provincia bajo presión: el debate en Buenos Aires

Si bien la medida alcanza únicamente al sistema federal, el impacto político ya se siente en la provincia de Buenos Aires. Allí, el Servicio Penitenciario Bonaerense no está alcanzado por la resolución, pero existen proyectos en la Legislatura que avanzan en el mismo sentido.

Uno de los más relevantes es el impulsado por la senadora Malena Galmarini, que propone la instalación obligatoria de inhibidores de señal en todas las cárceles provinciales.

“La cárcel no puede ser un call center del delito”, sostuvo la legisladora, quien plantea además controles tecnológicos y requisas permanentes para evitar el ingreso de dispositivos.

Prohibición y comunicaciones controladas

El proyecto bonaerense también establece que los internos no podrán poseer celulares ni otros dispositivos de comunicación no autorizados. Sin embargo, contempla sistemas supervisados para garantizar el contacto con familiares y abogados.

Además, fija un plazo de 180 días para la instalación de los inhibidores de señal en todos los establecimientos penitenciarios.

Las víctimas en el centro del debate

Uno de los ejes más fuertes del planteo político gira en torno al impacto social de estos delitos. Desde el entorno de Galmarini remarcan que detrás de cada estafa telefónica hay víctimas que sufren miedo, angustia y pérdidas económicas.

Muchas de estas maniobras incluyen simulaciones de secuestros o amenazas, lo que agrava el daño psicológico.

Un cambio de paradigma en seguridad penitenciaria

Con la implementación del bloqueo de celulares, el Gobierno nacional busca dar un paso clave en el control del delito intramuros. La iniciativa no solo apunta a desarticular redes criminales, sino también a reforzar la idea de que la condena implica una interrupción real de la actividad delictiva.

Mientras tanto, la provincia de Buenos Aires enfrenta el desafío de decidir si avanza en la misma dirección, en un contexto donde la tecnología aparece como una herramienta central para la seguridad pública.