CICCRA quiere expresar su enorme preocupación por la reciente normativa emitida por la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario que reinstaura – bajo el nuevo nombre de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) – del viejo y conocido Registro de Operaciones de Exportación (ROE) que tan perjudicial resultó para el mercado de ganados y carnes y para la “mesa de los argentinos” en su conjunto.

Las justificaciones de este tipo de políticas por parte de los funcionarios no resultan creíbles toda vez que, si se quisiera controlar la evasión y subfacturación, el Poder Ejecutivo Nacional ya cuenta con todas las herramientas necesarias para hacerlo, sin necesidad de recurrir a este lamentable instrumento.

Lo mismo cabe concluir si el caso fuera –como se pretende hacer creer –que las autorizaciones se otorgarán automáticamente, puesto que esa era precisamente la situación antes del dictado de la Res. 60/2021 y la Disposición 59/2021, que ahora establece que “Una vez ingresadas las DJVE al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, quedarán en estado Pendiente mientras la Autoridad de Aplicación analiza el contenido de las mismas.” (art.3). Y a renglón seguido agrega que “La Autoridad de Aplicación, cuando lo considere oportuno o a solicitud de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo, podrá requerir documentación respaldatoria a los operadores y/o información adicional a los distintos organismos públicos.”

Esto implica, lisa y llanamente, que todas las solicitudes quedarán sujetas a la aprobación de un sistema burocrático carente de toda transparencia y a la sola discrecionalidad de los funcionarios. Si a esto se le suman las alegaciones a la ley 21.740 que autoriza a prohibir exportaciones y embarques y a las recientes declaraciones de la Secretaria de Comercio Interior, Paula Español, al expresar que “no le iba a temblar el pulso para cerrar las exportaciones de carnes” queda claro que el panorama resulta altamente preocupante y desalentador.

Estas nuevas herramientas de control específico se han creado para usarse, y la lógica que las sustenta implica un nuevo ataque sobre el sector de ganados y carnes.

Recordemos que en su versión anterior, implicó la pérdida de 19.000 puestos de trabajo y la reducción del stock vacuno en 12.500.000 de cabezas, es decir el 20% del stock nacional.