Convocan en redes a un cacerolazo en contra de la liberación de presos por la pandemia

El comunicado afirma: “Queremos que se proteja a las víctimas y no a los asesinos, violadores, narcotraficantes y corruptos”. La protesta será mañana a las 20.

El motín en el penal de Villa Devoto, días pasados, en reclamo por penas domiciliarias por el coronavirus.

El motín en el penal de Villa Devoto, días pasados, en reclamo por penas domiciliarias por el coronavirus.

En el contexto del otorgamiento de la prisión domiciliaria a internos en riesgo por la pandemia de coronavirus, en las redes sociales está circulando el llamado a un cacerolazo, el jueves a las 20, como protesta nacional en contra de la decisión.

El mensaje, que circula principalmente por WhatsApp, comienza: “Estamos hartos de la falta de seguridad y de la complicidad de funcionarios y jueces con el delito, y queremos que se proteja y se privilegie a las víctimas y no a los asesinos, violadores, narcotraficantes y corruptos de toda laya”, avisa la convocatoria.

 “¿Qué será de los policías y gendarmes, de los fiscales y jueces que los encerraron y condenaron y de las familias de todos ellos, que serán amenazadas ahora por los delincuentes nuevamente en libertad?”, se preguntan los impulsores de la protesta.

Continúa: “Tarde o temprano, quienes hayan emprendido esta campaña para permitir el armado de un nuevo ‘Vatayón Militante’, formado por sicarios al mejor estilo de las milicias paramilitares chavistas, deberán responder por ello”.

El texto finaliza: “No olvidemos preguntar a #NiUnaMás (sic) por qué guarda silencio ante la liberación de un abusador de menores autorizado a vivir al lado de la niña. ¿Qué será de los policías y gendarmes, de los fiscales y jueces que los encerraron y condenaron y de las familias de todos ellos, que serán amenazadas ahora por los delincuentes nuevamente en libertad? Ya hay más de 2.800 excarcelados y el Estado no puede controlar su conducta porque carece de tobilleras electrónicas y de personal para afectar a su vigilancia”.

“De qué lado está”

La liberación de presos provocó cuestionamientos desde la oposición al gobierno encabezado por Alberto Fernández. Así, la Mesa Directiva del Pro se opuso “rotundamente” y pidió al Ejecutivo “que se ponga de acuerdo” y decida “de qué lado está” ante la diversidad de opiniones dentro del Gobierno.

“Nos oponemos rotundamente a la liberación de presos que generen riesgos a la sociedad y a sus víctimas. Los presos tienen que cumplir sus condenas y los que tengan preventiva seguir detenidos hasta tanto desaparezcan los peligros procesales que justifican que estén encarcelados”, afirmaron en un comunicado. Y se advierte: “Esto va a seguir pasando, porque el Ejecutivo ya avisó que no tiene cómo controlarlos. Nos ponen a todos en riesgo de convertirnos en nuevas víctimas”.

Por su parte, la UCR se pronunció en contra de la decisión porque “vulnera los derechos de las víctimas de delitos y pone en riesgo la seguridad” de los argentinos.

 “La Unión Cívica Radical expresa su total rechazo a la concesión de prisiones domiciliarias masivas avaladas tanto por el Poder Ejecutivo Nacional como por el Poder Ejecutivo bonaerense. El marco de la pandemia le ha servido al oficialismo como excusa ideal para avanzar contra la división de poderes”, dice el texto firmado por Alfredo Cornejo -titular del partido-, Mario Negri -jefe del bloque de Diputados- y Luis Naidenoff, su par del Senado.

Grupos de riesgo

En tanto, el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, aseguró ayer que “el principio general” en la provincia de Buenos Aires “no es liberar” a los presos sino ocuparse “solamente de los grupos de riesgo” dentro de las cárceles en el contexto de pandemia de coronavirus.

En medio de la polémica que se generó a raíz de la posible liberación de presos ante el avance de la pandemia, Conte Grand resaltó que el 16 de marzo dictó una resolución por la cual instruyó a los defensores a que “analizaran todos los casos de universo de riesgo”. “El Servicio Penitenciario Bonaerense definió que ese universo estaba integrado por 2.300 personas, por edad o patologías previas; después de analizar esto, los defensores debían ver qué penas estaban cumpliendo y por qué delitos, y luego solicitar domiciliarias o morigeraciones”, explicó a radio La Red. (DIB)

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