La Ley 27.801 reemplaza el sistema vigente desde 1980 y establece un régimen penal específico para adolescentes de entre 14 y 18 años. La nueva normativa contempla penas de hasta 15 años, aunque también incorpora medidas alternativas a la prisión. La Justicia se prepara para afrontar un escenario que genera dudas sobre recursos, establecimientos y personal especializado.

Un cambio de fondo en el sistema penal argentino

A partir del 5 de septiembre comenzará a regir en todo el país el nuevo Régimen Penal Juvenil, establecido por la Ley 27.801, que reemplazará al sistema que se encuentra vigente desde 1980.

El cambio más significativo está relacionado con la edad de imputabilidad. Hasta ahora, los menores de 16 años no podían ser sometidos a un proceso penal en los términos del régimen general. Con la nueva legislación, los adolescentes a partir de los 14 años podrán ser imputados por delitos contemplados en el Código Penal.

Esto no significa que todos los adolescentes que cometan un delito vayan automáticamente a prisión. La nueva normativa establece un sistema específico para menores de edad, en el que deberán analizarse las características del hecho, la gravedad del delito y las circunstancias particulares de cada caso.

Penas de hasta 15 años y sin prisión perpetua

El nuevo régimen contempla penas de hasta 15 años de prisión, pero establece expresamente que no podrá aplicarse prisión o reclusión perpetua a los adolescentes.

En aquellos casos en los que corresponda una pena de encierro, el cumplimiento deberá realizarse en establecimientos destinados exclusivamente a menores de edad, separados de las personas adultas.

La ley también contempla la posibilidad de que determinados adolescentes cumplan medidas bajo arresto domiciliario, dependiendo de las circunstancias y de la decisión judicial.

La prisión no será la única alternativa

Uno de los aspectos centrales del nuevo régimen es que la privación de la libertad no aparece como una respuesta automática frente a todos los delitos.

La normativa incorpora distintas herramientas que podrán ser utilizadas por la Justicia, entre ellas restricciones de acercamiento, reparación del daño, reglas de conducta y actividades educativas o comunitarias.

También se incorpora el monitoreo electrónico y la figura de supervisores especializados, que tendrán la responsabilidad de realizar el seguimiento de los adolescentes que se encuentren alcanzados por medidas judiciales.

El objetivo planteado por el nuevo sistema es que, de acuerdo con cada situación, puedan aplicarse respuestas diferentes al encierro, especialmente cuando las características del delito y del adolescente permitan medidas alternativas.

Protección de la identidad de los menores

La nueva legislación mantiene una de las principales reglas vinculadas con los adolescentes involucrados en causas penales: no podrá difundirse información que permita identificarlos.

De esta manera, la cobertura periodística de los hechos deberá continuar respetando las normas destinadas a preservar la identidad y los derechos de los menores.

Al mismo tiempo, el régimen incorpora medidas destinadas a reforzar la participación y los derechos de las víctimas durante el proceso judicial.

El desafío para la Justicia

La entrada en vigencia del nuevo sistema también abre una serie de interrogantes dentro del Poder Judicial.

Una de las principales preocupaciones pasa por la capacidad real del Estado para poner en funcionamiento todas las herramientas que establece la ley. Entre otras cuestiones, será necesario contar con establecimientos adecuados para alojar adolescentes, dispositivos de monitoreo electrónico y personal especializado para realizar el seguimiento de las medidas judiciales.

La posibilidad de que aumente la cantidad de causas que involucren a adolescentes de 14 y 15 años también representa un desafío para los tribunales y organismos encargados de intervenir en estos procesos.

Provincias y Justicia trabajan en la adaptación

Otro de los puntos que genera atención está relacionado con la adaptación de los procedimientos existentes.

En el ámbito de la Justicia nacional se analiza cómo compatibilizar el nuevo régimen con determinadas normas procesales que todavía se encuentran vinculadas al sistema anterior.

Mientras tanto, las provincias avanzan en la adecuación de sus estructuras y procedimientos para afrontar la aplicación de la nueva legislación.

El objetivo será establecer criterios que permitan aplicar el nuevo régimen de manera uniforme, aunque cada jurisdicción deberá resolver cuestiones vinculadas con sus propios recursos, organismos y estructuras judiciales.

Un nuevo escenario para los adolescentes de 14 y 15 años

Con la entrada en vigencia de la Ley 27.801, Argentina comenzará una nueva etapa en materia de responsabilidad penal adolescente.

El cambio no se limita a bajar de 16 a 14 años la edad a partir de la cual un menor puede ser sometido a un proceso penal. También implica la creación de un sistema específico, con distintas alternativas, límites para las penas y mecanismos de seguimiento.

Desde este sábado, la Justicia tendrá la responsabilidad de poner en funcionamiento este nuevo esquema y, al mismo tiempo, afrontar uno de los principales interrogantes que plantea la reforma: si las estructuras y los recursos disponibles serán suficientes para que el nuevo régimen pueda aplicarse en la práctica.