La Unión Cívica Radical realizó una recorrida por el predio ubicado a unos 15 kilómetros de la ciudad y denunció la presencia de residuos sin tratamiento, basura flotando en el agua y bidones de agroquímicos abandonados. El lugar recibe actualmente los desechos que antes se acumulaban en el CEPROCC. Según el radicalismo, tanto el Municipio como el Ministerio de Ambiente bonaerense reconocieron por escrito distintas irregularidades. Ahora se presentaron nuevas denuncias ante organismos provinciales para exigir inspecciones y medidas urgentes.

La problemática de la disposición final de los residuos en Carlos Casares volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez con una denuncia que apunta directamente al predio de Gobernador Arias, donde el Municipio trasladó la basura que anteriormente se acumulaba en el Centro de Procesamiento de Residuos (CEPROCC).
Integrantes de la Unión Cívica Radical de Carlos Casares recorrieron el lugar el viernes 6 de noviembre y aseguraron haber encontrado un escenario preocupante: grandes cantidades de residuos volcados directamente sobre el terreno, sin tratamiento, ausencia de cerco perimetral, basura flotando en un cuerpo de agua cercano al canal Mercante y bidones de agroquímicos abandonados entre los desechos.
La situación fue documentada mediante fotografías y videos que, según indicaron desde el espacio político, respaldan la nueva presentación realizada ante las autoridades provinciales.
Desde la UCR cuestionaron que el predio sea presentado como un relleno sanitario cuando, de acuerdo con lo observado durante la recorrida, funciona en condiciones propias de un basural a cielo abierto.
El problema del CEPROCC se habría trasladado a Gobernador Arias

La denuncia tiene antecedentes. En junio pasado, el radicalismo había acudido al Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires para advertir sobre las condiciones en las que funcionaba el CEPROCC, donde se acumulaban residuos sin que se cumpliera con las condiciones correspondientes.
A partir de aquella presentación, se sucedieron intercambios y respuestas oficiales que, según sostiene la UCR, terminaron confirmando parte de las irregularidades denunciadas.
En un informe fechado el 13 de octubre, el propio Municipio habría reconocido la existencia de un basural a cielo abierto en el CEPROCC y señalado que la alternativa adoptada fue trasladar los residuos al predio de Gobernador Arias.
Para los dirigentes radicales, esa decisión no solucionó el problema de fondo, sino que simplemente cambió el lugar donde se acumula la basura.
“El problema no se resolvió, simplemente se mudó”, sintetizaron.
Permisos vencidos y un plan de gestión que sigue pendiente
Entre los puntos más delicados que surgen de la documentación provincial, la UCR puso especial énfasis en la situación administrativa del CEPROCC.
Según los registros y las actuaciones del Ministerio de Ambiente, el centro funciona con su inscripción y permiso de uso vencidos desde el 15 de julio de 2025, mientras el Municipio continúa tramitando su renovación.
Pero hay otro aspecto que genera cuestionamientos: incluso cuando estaba vigente, la autorización solamente permitía realizar tareas de separación y clasificación de residuos secos reciclables, con un límite de acopio de 31,5 toneladas mensuales.
Es decir, esa habilitación no contemplaba el funcionamiento del establecimiento como basural ni como espacio de transferencia de residuos.
A esto se suma la situación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, una herramienta que la legislación provincial exige desde 2006 y que, de acuerdo con la información difundida por el radicalismo, todavía no cuenta con aprobación definitiva.
La Provincia había aprobado en 2018 el Plan Básico Preliminar. Sin embargo, recién el 24 de agosto de 2026, dos meses después de la denuncia presentada por la UCR, el Municipio acercó avances del plan definitivo.
También se indicó que el 11 de septiembre, cuando la denuncia ya estaba en trámite, el gobierno municipal presentó la codificación de los residuos que recibirá el CEPROCC.
Cuestionamientos al ministerio de ambiente: casi cinco meses sin inspecciones

Otro de los aspectos cuestionados por la UCR es la actuación del Ministerio de Ambiente bonaerense.
De acuerdo con el detalle de las actuaciones, el pasado 5 de noviembre el organismo provincial dio por cerrado el pedido de información, anunció que realizaría un relevamiento sin establecer una fecha concreta y sostuvo que el cierre del basural es una responsabilidad del Municipio.
Desde el radicalismo cuestionaron esa respuesta y señalaron que, durante los casi cinco meses transcurridos desde la primera denuncia, la Provincia no habría realizado ninguna inspección en el lugar.
La decisión de dar por concluido el pedido de información fue uno de los motivos que llevaron al partido a ampliar sus presentaciones y recurrir la providencia ministerial.
“La basura de todo casares sigue sin ningún tratamiento”
Desde la UCR local expresaron su malestar por lo que consideran una falta de respuestas concretas frente a una problemática ambiental que afecta a toda la comunidad.
“Pudieron cambiar el sentido de una avenida, pero la basura de todo Casares sigue sin ningún tratamiento. La tiran a cielo abierto, al lado del agua, y encima le dicen relleno sanitario”, manifestaron desde el espacio político.
En otro tramo del comunicado, recordaron las críticas que recibieron cuando comenzaron a plantear el tema y remarcaron que las respuestas oficiales terminaron respaldando sus cuestionamientos.
“Cuando empezamos, varios funcionarios se ofendieron porque les pedimos que cumplan con su trabajo. Hoy el Municipio y la Provincia reconocen las irregularidades por escrito. El tiempo nos dio la razón”, agregaron.
Tres nuevas presentaciones para exigir controles y medidas urgentes

Lejos de dar por cerrado el reclamo, el radicalismo decidió avanzar con nuevas acciones administrativas y ampliar el alcance de la denuncia.
El 7 de noviembre presentó una ampliación ante el Ministerio de Ambiente bonaerense para incorporar formalmente la situación del predio de Gobernador Arias.
En esa presentación solicitó una inspección urgente, la toma de muestras y la adopción de medidas preventivas. También recurrió la providencia mediante la cual el organismo provincial había dado por cerrado el pedido de información.
Pero las actuaciones no quedaron limitadas al área ambiental.
La UCR también presentó una denuncia ante la Autoridad del Agua (ADA), poniendo el foco en los residuos encontrados en el cuerpo de agua y en la posible contaminación del canal Mercante, debido a la cercanía del predio con ese curso de agua.
Por otra parte, acudió a la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires mediante una queja por lo que considera una falta de control y de intervención efectiva del Ministerio de Ambiente.
Según informó el radicalismo, tanto al Ministerio de Ambiente como a la Autoridad del Agua se les otorgó un plazo de cinco días hábiles para realizar una inspección en el predio.
Una problemática que exige respuestas
La disposición final de los residuos es una de las cuestiones ambientales que requieren planificación, controles permanentes y cumplimiento de las normas vigentes.
En Carlos Casares, las nuevas denuncias vuelven a poner sobre la mesa una pregunta central: ¿qué tratamiento reciben actualmente los residuos que genera la ciudad y bajo qué condiciones se realiza su disposición final?
La presencia de basura sin tratamiento, la cercanía con un cuerpo de agua y el hallazgo denunciado de envases de agroquímicos son cuestiones que, de confirmarse mediante inspecciones oficiales, requieren una respuesta urgente de los organismos competentes.
Ahora, la atención está puesta en la intervención del Ministerio de Ambiente y de la Autoridad del Agua, que deberán determinar las condiciones reales en las que funciona el predio de Gobernador Arias y establecer si existe riesgo de contaminación.
Mientras tanto, la polémica ambiental suma un nuevo capítulo en Carlos Casares, con responsabilidades que deberán ser aclaradas y una cuestión de fondo que sigue sin resolverse: contar con un sistema adecuado, seguro y controlado para el tratamiento y la disposición final de los residuos de toda la comunidad.


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