La Cámara de Diputados convirtió en ley una iniciativa que permite a los municipios reasignar temporalmente recursos destinados a los caminos rurales para ejecutar trabajos de drenaje, limpieza de canales, reparación de alcantarillas y otras obras destinadas a prevenir inundaciones. La medida tendrá una vigencia de 180 días y se enmarca en la preocupación por las lluvias intensas que podría generar el fenómeno de El Niño.

En un contexto de creciente preocupación por la situación hídrica de la provincia de Buenos Aires y las consecuencias que podrían provocar nuevas precipitaciones intensas, la Legislatura bonaerense sancionó una ley que otorga a los intendentes una herramienta extraordinaria para financiar obras destinadas a mejorar el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de inundaciones.

La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados provincial y habilita a los municipios a utilizar hasta el 100% de los recursos que reciben por la coparticipación del Impuesto Inmobiliario Rural (IIR) para ejecutar intervenciones hidráulicas consideradas prioritarias.

Se trata de fondos que habitualmente se destinan al mantenimiento y mejoramiento de los caminos rurales, una cuestión especialmente sensible para los distritos del interior bonaerense, donde las condiciones de la red vial y el funcionamiento de los canales resultan determinantes tanto para la actividad agropecuaria como para la vida cotidiana de los vecinos.

La nueva normativa establece un plazo de 180 días desde su publicación en el Boletín Oficial y deja en manos de cada municipio la decisión de adherir o no al mecanismo.

Qué obras podrán realizar los municipios

La ley busca que los gobiernos locales puedan responder con mayor rapidez ante las contingencias provocadas por las lluvias, sin tener que depender exclusivamente de otras fuentes de financiamiento para poner en marcha trabajos urgentes.

Entre las intervenciones que podrán financiarse con estos recursos se encuentran:

• Obras de drenaje pluvial para facilitar el escurrimiento del agua.
• Dragado y limpieza de canales.
• Reparación y ampliación de alcantarillas.
• Construcción de defensas hídricas.
• Compra de equipamiento para atender emergencias relacionadas con el agua.

La posibilidad de reasignar hasta la totalidad de los fondos coparticipados representa un cambio importante en el destino habitual de esos recursos. Durante el período de vigencia de la ley, los intendentes podrán priorizar las obras hidráulicas que consideren necesarias para afrontar las condiciones climáticas previstas.

La adhesión será voluntaria y transitoria, por lo que cada administración municipal deberá evaluar sus necesidades y definir cómo utilizar esta herramienta sin perder de vista el estado de los caminos rurales de su distrito.

El interior bonaerense, atento a la situación hídrica

Para los municipios del interior provincial, la sanción de la ley adquiere especial relevancia por la importancia que tienen las obras de drenaje y el mantenimiento de los sistemas hídricos en las zonas rurales.

Las precipitaciones abundantes, cuando coinciden con canales obstruidos, alcantarillas insuficientes o dificultades de escurrimiento, pueden generar anegamientos, complicaciones en los caminos y problemas para el traslado de la producción agropecuaria.

También pueden afectar la circulación de los vecinos, el acceso a establecimientos educativos rurales y el movimiento de maquinaria, insumos y hacienda.

En distritos como Carlos Casares, donde la actividad agropecuaria ocupa un lugar central en la economía local, la capacidad de respuesta ante las contingencias climáticas resulta fundamental. La disponibilidad de recursos para intervenir sobre los sistemas de drenaje puede contribuir a resolver problemas puntuales, aunque los resultados dependerán de las obras necesarias y de las condiciones de cada sector.

La posibilidad de utilizar estos fondos para trabajos hídricos abre, además, una discusión sobre las prioridades de inversión de los municipios, que deberán atender tanto las necesidades de la infraestructura rural como los riesgos derivados de las lluvias.

Cruces políticos por la obra pública nacional

La aprobación de la iniciativa estuvo acompañada por cuestionamientos de legisladores del peronismo al Gobierno nacional de Javier Milei, principalmente por la paralización de obras públicas y las demoras en proyectos de infraestructura hidráulica.

Durante el debate se mencionó el Plan Maestro del Río Salado, considerado estratégico para mejorar el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de inundaciones en amplias zonas productivas bonaerenses.

También se plantearon las dificultades que genera la interrupción o demora de intervenciones de menor escala, cuya ejecución resulta necesaria para el funcionamiento de los sistemas hídricos locales.

El diputado provincial Alejandro Acerbo cuestionó que los municipios deban recurrir a sus propios recursos para afrontar trabajos que, según sostuvo, requieren una participación más amplia del Estado nacional.

En ese sentido, reclamó que los fondos del Fondo Hídrico se apliquen a los proyectos que los intendentes necesitan ejecutar en sus respectivos distritos.

“Habrá que exigirle a Nación que se aplique el Fondo Hídrico a la totalidad de proyectos que cada intendente sabe que debe afrontar en este período. No deberíamos votar este proyecto hoy, pero lo tenemos que votar porque tenemos a El Niño por delante. Pero la solución está en otro lado”, expresó el legislador durante el tratamiento.

Desde La Libertad Avanza acompañaron la iniciativa, aunque, de acuerdo con lo informado sobre el debate, no respondieron directamente a los cuestionamientos vinculados con la política nacional de obra pública.

La Provincia anunció una denuncia por el Fondo Hídrico

En paralelo a la discusión legislativa, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, anunció que la administración provincial presentará una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Según adelantó el funcionario, la presentación estará relacionada con presuntas irregularidades en el manejo de los recursos del Fondo Hídrico e incluirá acusaciones por supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de fondos.

El anuncio profundiza la disputa entre la Provincia y el Gobierno nacional por el financiamiento de las obras de infraestructura, especialmente aquellas destinadas a prevenir inundaciones y reducir el impacto de los fenómenos climáticos extremos.

Se trata de un conflicto que excede la discusión presupuestaria y alcanza a la planificación de obras de largo plazo, cuya ejecución requiere continuidad, financiamiento y coordinación entre los distintos niveles del Estado.

Una herramienta extraordinaria frente a El Niño

La nueva ley apunta a ofrecer una respuesta inmediata ante un escenario climático que genera preocupación en distintos sectores de la provincia. La posibilidad de contar con recursos para ejecutar trabajos prioritarios puede resultar determinante para mejorar el drenaje en áreas comprometidas y reducir las consecuencias de las precipitaciones intensas.

Sin embargo, la reasignación de fondos municipales no resuelve por sí sola los problemas estructurales que afectan a numerosas cuencas bonaerenses. Las obras de mayor escala, la continuidad de los proyectos hidráulicos pendientes y el mantenimiento integral de los sistemas de canales requieren una planificación sostenida y recursos acordes con las necesidades de cada región.

Además, el uso de recursos habitualmente destinados a los caminos rurales plantea el desafío de equilibrar dos necesidades estrechamente vinculadas: garantizar la circulación en el ámbito productivo y mejorar la capacidad de respuesta frente a los excesos hídricos.

Con una vigencia de 180 días, la normativa habilita a los intendentes bonaerenses a reorganizar temporalmente sus prioridades de inversión. Su alcance concreto dependerá de la adhesión de cada municipio, de las obras que se ejecuten y de la capacidad de complementar estos recursos con otras fuentes de financiamiento.

Mientras crece la atención sobre la evolución de las condiciones climáticas, la decisión legislativa vuelve a poner en el centro de la agenda provincial la necesidad de prevenir inundaciones, sostener la infraestructura rural y garantizar los recursos necesarios para que las obras hidráulicas puedan avanzar.