“Este tipo de intervenciones generan un efecto contrario y nos ponen en riesgo”, indicaron en un comunicado.

La Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Molineras de la República Argentina (Apymimra) señaló que “no será parte del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino”, una iniciativa impulsada por la Secretaría de Comercio Interior con el fin de disminuir el precio de los alimentos a base de trigo.

 “Este tipo de intervenciones no cumplen con los objetivos, generan un efecto contrario y nos ponen en riesgo”, indicaron en un comunicado. “Así sucedió con la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), que dilapidó grandes sumas de dinero de los argentinos. Estas políticas generaron un efecto contrario al anunciado. No sólo el precio del pan no se redujo, sino que tampoco la totalidad de las compensaciones acordadas se abonaron en tiempo y en forma. Esto favoreció la concentración del sector”, recordaron los pequeños molinos.

 “Los mecanismos de reintegros y los requisitos exigidos para participar del Fideicomiso que se pretende son de imposible cumplimiento para las PyMEs”, señalaron desde la entidad. “El régimen nuevamente propone vender la harina a precio subsidiado (por debajo del costo de fabricación), para luego recibir una compensación por parte del Estado sin considerar que el trigo es la variable con mayor riesgo de predictibilidad en el mundo de hoy”, se añadió. Y destacó que ninguna PyME puede vender por debajo de sus costos de producción y aguardar el pago incierto de los desembolsos.

Cabe recordar que el Fondo Estabilizador es una iniciativa del Gobierno, que nació a partir del trabajo conjunto entre los ministerios de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Desarrollo Productivo. Tiene como objetivo estabilizar y contener el precio interno de la tonelada de trigo que compran los molinos argentinos.

El financiamiento se realiza a través de la recaudación del diferencial del 2% de los DEX (Derechos de Exportación) de harina y aceite de soja (pasó del 31% al 33%), que representa aproximadamente entre 370/400 millones de dólares. Esta medida alcanza, según indicaron desde la Rosada, a empresas exportadoras de subproductos de soja, de las cuales 8 representan el 95% del total de las exportaciones.

Para la fiscalización y monitoreo del correcto funcionamiento de este mecanismo se realizarán inspecciones en AMBA a cargo de la Secretaría y en las provincias se trabajará con el Consejo Federal de Comercio Interior (COFECI) para coordinar los relevamientos. (DIB)