La ley permite utilizar hasta el 100% de los recursos del Impuesto Inmobiliario Rural destinados al mantenimiento de los caminos rurales para financiar obras hídricas. Cuestionó que la iniciativa se haya tratado sin pasar por comisión ni dar participación a los productores y las entidades del campo.

La sanción de una ley en la Legislatura bonaerense abrió un nuevo frente de discusión en torno al destino de los recursos que aporta el sector agropecuario. La norma habilita a los municipios a utilizar hasta el 100% de los fondos provenientes del Impuesto Inmobiliario Rural que tienen como finalidad el mantenimiento de los caminos rurales para financiar obras hídricas.
La medida generó el rechazo de la diputada provincial Silvina Vaccarezza, quien cuestionó tanto el cambio en el destino de esos recursos como la manera en que se llevó adelante el tratamiento legislativo.
La legisladora sostuvo que el dinero destinado a garantizar la transitabilidad de los caminos rurales podría terminar financiando otras intervenciones, en un contexto en el que el estado de la infraestructura rural constituye una preocupación permanente para los productores agropecuarios de la provincia.
El destino de los fondos, en el centro de la controversia
Vaccarezza advirtió que la nueva legislación permite que recursos que deben regresar al campo, a través del mantenimiento y la mejora de los caminos rurales, puedan destinarse a la ejecución de obras hídricas.
En su cuestionamiento, la diputada remarcó que los fondos del Impuesto Inmobiliario Rural destinados a los caminos tienen una finalidad específica y consideró que habilitar su utilización para otros objetivos afecta directamente al sector que realiza ese aporte.
La discusión adquiere especial relevancia para las comunidades rurales, donde los caminos son fundamentales para el traslado de la producción agropecuaria, la circulación de maquinaria, el transporte de insumos y el acceso a los establecimientos educativos y servicios de emergencia.
“Un nuevo avasallamiento al sector agropecuario”
Al fundamentar su postura, la legisladora fue crítica con la decisión adoptada por la Legislatura y aseguró que la iniciativa avanzó sin consultar a quienes resultan directamente afectados.
“Es un nuevo avasallamiento al sector agropecuario: se toman decisiones de espaldas a los productores y a las entidades rurales, sin consultarlos ni darles participación en una discusión que los afecta directamente”, señaló Vaccarezza.
La diputada también cuestionó el procedimiento legislativo utilizado para aprobar la norma. Según expresó, un proyecto de esta magnitud llegó al recinto sin pasar por las comisiones correspondientes, sin un debate previo y sin escuchar la posición de los representantes del campo.
El reclamo por la participación de los productores

Otro de los puntos centrales del planteo de Vaccarezza es la falta de participación de las entidades rurales y de los productores en la discusión sobre el destino de los fondos.
Para la legisladora, la definición sobre estos recursos no debería adoptarse sin considerar la opinión de quienes contribuyen al sistema y dependen del mantenimiento de la infraestructura rural para desarrollar su actividad.
“No se puede hablar de defender la producción y después habilitar que se utilicen para otros fines recursos que tienen un destino específico”, sostuvo.
Una discusión que impacta en los municipios rurales
La nueva disposición abre interrogantes sobre cómo se distribuirán y utilizarán los recursos en los distritos bonaerenses, especialmente en aquellos donde el mantenimiento de la red vial rural demanda inversiones permanentes.
La posibilidad de destinar hasta la totalidad de los fondos afectados a caminos rurales a obras hídricas instala una discusión sobre las prioridades de inversión municipal y la necesidad de atender, al mismo tiempo, los problemas vinculados al agua y las condiciones de circulación en el ámbito rural.
Mientras Vaccarezza dejó expresado su rechazo a la iniciativa, el debate vuelve a poner sobre la mesa una cuestión central para el interior bonaerense: cómo garantizar que los recursos vinculados a la actividad agropecuaria se traduzcan en obras concretas y respondan a las necesidades de las comunidades rurales.
La controversia, además, plantea el desafío de compatibilizar las inversiones en infraestructura hídrica con el mantenimiento de los caminos, dos aspectos fundamentales para la producción y la vida cotidiana en el campo.


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