Productores, entidades agropecuarias, concejales y el Ejecutivo municipal de 9 de Julio acordaron trabajar en una ordenanza para crear una Comisión Vial Rural. La iniciativa busca modificar la forma en que se administran y mantienen los caminos rurales. En Carlos Casares, mientras tanto, productores y entidades vienen reclamando desde hace años una mayor participación en el manejo de los recursos de la tasa vial, sin que hasta el momento el municipio haya aceptado avanzar en un esquema similar.

Un paso que busca cambiar la gestión de los caminos

La problemática de los caminos rurales volvió a ocupar un lugar central en la agenda de los distritos de la región. En 9 de Julio, el planteo parece haber encontrado un punto de coincidencia entre el Municipio, el Concejo Deliberante y las entidades vinculadas al sector agropecuario.

Este martes, en el Salón de las Américas, se llevó adelante una nueva reunión de trabajo encabezada por la intendenta María José Gentile, con la participación de concejales, representantes de las entidades gremiales agropecuarias y la Cámara de Comercio e Industria.

El encuentro quedó formalizado mediante un acta y tuvo como objetivo avanzar en la elaboración de una ordenanza que permita crear la figura de una Comisión Vial Rural para el Partido de 9 de Julio.

La reunión fue la tercera que se realiza en este marco y, según explicó Gentile, a pedido de las entidades rurales se incorporó a la mesa de trabajo un representante de cada uno de los bloques del Concejo Deliberante.

La intención es que sea justamente este espacio el encargado de discutir y consensuar la futura ordenanza.

Consenso para crear una Comisión Vial Rural

Gentile explicó que, luego de analizar distintas alternativas, las entidades coincidieron en que la creación de una Comisión Vial Rural es actualmente la opción que reúne mayores posibilidades para enfrentar la situación de la red vial.

La propuesta había sido presentada inicialmente por la Sociedad Rural y un grupo de productores independientes y luego recibió el acompañamiento de las demás entidades.

“Tenemos caminos que están complejos, la situación económica no es buena y hay mucho por reconstruir”, señaló la intendenta al referirse al escenario actual.

En ese sentido, puso como ejemplo el funcionamiento de una experiencia que lleva varios años en el distrito de Benito Juárez.

Si bien reconoció que las características geológicas no son exactamente las mismas, consideró que el modelo puede servir como referencia para 9 de Julio.

La idea, según se explicó, es tomar aquellos aspectos que han permitido consolidar ese esquema y adaptarlos a la realidad del distrito.

Una mesa de trabajo que se reunirá todos los martes

Otro de los puntos acordados es que la mesa conformada para trabajar sobre la nueva ordenanza será el ámbito formal para discutir la iniciativa.

Las reuniones se realizarán todos los martes y allí deberán analizarse los distintos artículos del proyecto presentado por la Sociedad Rural, además de las cuestiones legales que deben contemplarse de acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica de las Municipalidades.

La propia intendenta remarcó que la futura ordenanza deberá surgir del consenso entre los distintos sectores.

Esto no significa que necesariamente todos tengan que coincidir en cada uno de los puntos, sino que las diferencias deberán discutirse dentro de esa mesa antes de avanzar con el proyecto definitivo.

El objetivo final es modificar la actual modalidad de gestión y encontrar una herramienta que permita darle mayor previsibilidad y eficacia al mantenimiento de la extensa red de caminos rurales.

También habrá una nueva reunión por la emergencia hídrica

Durante el encuentro, Gentile también fue consultada por la situación hídrica del distrito y por la reunión de la cuenca del Río Salado realizada el pasado viernes 4 de septiembre en Roque Pérez.

En ese contexto, adelantó que en los próximos días volverá a reunirse la Mesa de Emergencia Hídrica.

La convocatoria tendrá una particularidad: además de las entidades rurales, se prevé la participación de funcionarios del Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

La modalidad será similar a la utilizada durante el año pasado, teniendo en cuenta la situación hídrica que atraviesa el distrito y la posibilidad de que el comportamiento climático genere nuevos inconvenientes.

Y en Carlos Casares, el reclamo continúa

La situación de 9 de Julio vuelve a poner sobre la mesa una discusión que en Carlos Casares lleva varios años sin encontrar una respuesta favorable para los productores: quién debe participar en la planificación, administración y control de los recursos destinados a los caminos rurales.

Productores y entidades rurales casarenses han planteado en reiteradas oportunidades la necesidad de contar con una herramienta que permita una participación concreta del sector en la definición de las prioridades y en el destino de los recursos de la tasa vial.

En el distrito funciona una comisión vinculada a los caminos, pero desde el sector rural cuestionan que los productores no tengan participación efectiva en la toma de decisiones y que el manejo de los fondos permanezca bajo la órbita municipal.

El antecedente del frustrado Consorcio Caminero

Uno de los antecedentes más recordados en Casares fue el intento de avanzar con la creación de un Consorcio Caminero.

En aquel momento, productores habían planteado que una parte sustancial de los recursos provenientes de la tasa vial fuera destinada directamente al mantenimiento de los caminos, bajo un esquema de administración con participación de quienes utilizan diariamente esa red.

Según lo expresado oportunamente desde el sector, se había solicitado que el futuro consorcio pudiera disponer de aproximadamente el 70% de lo recaudado por la tasa vial para hacerse cargo de las tareas de reparación y mantenimiento… La propuesta finalmente no prosperó.

Desde las entidades y productores que impulsaron aquella iniciativa sostienen que el porcentaje ofrecido por el Ejecutivo municipal era considerablemente menor al solicitado y que, de esa manera, no resultaba viable hacerse cargo de la totalidad de las tareas que demanda la red vial rural.

Una discusión que vuelve a instalarse

El caso de 9 de Julio vuelve a instalar una discusión que trasciende a un solo distrito: qué modelo de gestión es el más adecuado para conservar los caminos rurales y garantizar que los recursos aportados por los productores tengan como destino prioritario esa finalidad.

Mientras en 9 de Julio Municipio, Concejo Deliberante y entidades rurales decidieron sentarse en una misma mesa para discutir una nueva herramienta de gestión, en Carlos Casares el reclamo del sector productivo continúa.

Para los productores casarenses, la cuestión no pasa solamente por reparar un camino determinado o responder ante una emergencia. El planteo de fondo es quién decide, cómo se establecen las prioridades y de qué manera se controla el uso de los recursos que genera la tasa vial.

Y en un distrito donde la actividad agropecuaria tiene un peso fundamental, el estado de los caminos rurales no es un tema menor: es una cuestión directamente vinculada con la producción, el transporte, el acceso a los establecimientos y, en definitiva, con el funcionamiento de buena parte de la economía local.

La experiencia que ahora comienza a transitar 9 de Julio será, inevitablemente, seguida de cerca por productores de otros distritos de la región.

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